El presidente de España defiende su política económica

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó hoy que su política económica es “dura y costosa” para España pero es la que “necesita” el país para superar la crisis, después de que los mercados recrudecieron su presión sobre la deuda española.

Además, Rajoy aseguró que las urnas lo legitiman para adoptar los drásticos ajustes y las reformas, y con ese mismo argumento rechazó un acuerdo político global contra la crisis, como los Pactos de La Moncloa que tuvieron lugar durante la transición democrática tras la dictadura franquista.

“Estamos en una situación excepcional y eso nos lleva a tomar medidas excepcionales”, reiteró en sus primeras declaraciones a la prensa desde que el lunes su gobierno anunció nuevos recortes en salud y educación, que no consiguieron calmar a los mercados.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo no dio explicaciones sobre el alcance de las nuevas medidas, algo que está previsto que haga hoy ante sus compañeros de partido en una reunión en el Congreso.

Tras eludir a la prensa en los últimos dos días, Rajoy enfrentó los micrófonos de los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, a donde acudió para una sesión de control.

Sin embargo, en la oportunidad sólo se limitó a ratificar el rumbo económico que impuso a España, de acuerdo con las directrices marcadas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La política económica que está llevando a cabo el gobierno es dura, costosa, no va a tener efectos a corto plazo, pero es lo que hay que hacer en este momento”, dijo Rajoy.

“La situación es difícil, complicada y lo que nos hemos encontrado dificulta las cosas, pero el gobierno tiene las ideas claras, el rumbo, y la voluntad política para hacer las reformas que necesita el país”, añadió el líder del derechista Partido Popular (PP).

Además, Rajoy subrayó que seguirá adelante con sus reformas, entre ellas la del mercado laboral rechazada por una huelga general, porque está "legitimado por los votos que le dieron la mayoría de los españoles en las urnas”.

En ese sentido, el presidente del gobierno español sostuvo que “está abierto al diálogo”, pero que eso no significa que vaya a hacer “lo que piden partidos que tienen menos apoyos”.

De esta forma, Rajoy rechazó un pacto global contra la crisis o un acuerdo de consenso con la oposición, como fueron los Pactos de La Moncloa firmados durante la transición española para afrontar la crisis económica.

Durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, instó a Rajoy a recuperar “los consensos estructurales políticos, sociales e institucionales, que están rotos”.

Rubalcaba sostuvo que el Partido Socialista (PSOE) está dispuesto al diálogo porque “el acuerdo fortalece al país y la confianza es lo que necesita España en este momento", tras calificar de “ocurrencia improvisada” la decisión del Ejecutivo de recortar 10.000 millones de euros adicionales a los presupuestos de educación y sanidad.

Pero no sólo la oposición reclama un pacto global contra la crisis. También el presidente regional de Extremadura, José Antonio Monago, del PP, abogó por unos “nuevos Pactos de La Moncloa” para evitar que España sea intervenida, según un artículo de opinión que publicó en el diario El País.

España se mantiene en “zona de rescate” desde el pasado jueves, cuando el riesgo país o prima de riesgo, el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán -de referencia- al mismo plazo, superó la barrera de los 400 puntos básicos.

La prima de riesgo se relajó hoy ligeramente hasta situarse en los 420 puntos, después de dispararse ayer hasta los 434 puntos, el máximo de este año y desde que Rajoy llegó al poder a finales de diciembre.

En tanto, la Bolsa de Madrid, que ayer perdió casi 3 puntos, en sintonía con una jornada negra en las principales bolsas europeas, recuperó la tendencia positiva y al mediodía (español) repuntó un 1,40%.

La tensa calma de los mercados, no obstante, mantiene viva la amenaza de una intervención de España ya que, según coinciden los analistas, los inversores siguen dudando de su capacidad para reducir su déficit público del 8,5 al 5,3% del PIB este año sin comprometer la recuperación económica.