El radicalismo impulsa la creación de un Tribunal Fiscal

El radical Ariel García impulsa la creación por ley del Tribunal Fiscal, un instituto que está previsto en artículo 12 del CT. "Es un organismo que debe garantizar la defensa de los excesos que se cometen en el plano impositivo", afirmó.

El Tribunal Fiscal es un organismo que se encargará de resolver las diferencias entre los contribuyentes y el Estado recaudador, como consecuencia de situaciones de diversa índole relacionadas con los impuestos provinciales.

El parlamentario dijo que ese organismo funcionará bajo la órbita del Poder Ejecutivo. "Los ciudadanos tienen derecho a oponerse en los casos en que se les quiera aplicar de manera leonina aumentos, impuestazos o excesos que afecten sus intereses", sostuvo.

Su compañera de bancada, Silvia Elías, criticó que el CT haya sido reformado de una manera, a su criterio, prepotente. "No se respetaron las garantías mínimas de un debate democrático. No se ha dado tiempo de estudio a la propia legislatura ni se ha permitido la intervención de los colegios profesionales. Esto no es un dato menor. No se puede soslayar que los colegios son profundos conocedores de las temáticas vinculadas a las profesiones que nuclean y por lo tanto su opinión debe ser vista como un aporte técnico relevante. No es saludable silenciar ninguna voz ni en este ni en ningún otro debate", advirtió la radical.

Cuestionó que no se haya profundizado el debate sobre la modificación referida a los profesionales universitarios, introducida en el artículo 228, inciso 15. "Si bien eleva el monto mínimo exento que había quedado completamente desactualizado con el proceso inflacionario, no existe razón que justifique la actual discriminación que se produce contra una gran masa de profesionales universitarios cuyos ingresos se encuentran gravados con el impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de quienes se desempeñan en relación de dependencia cuyos salarios no constituyen actividad gravada", afirmó.

La legisladora aseveró que urge una pronta modificación del CT estableciendo la exención total sin topes para los ingresos derivados del ejercicio libre de la profesión. "Esta exención está consagrada en forma total por numerosas provincias", sostuvo. "No hay motivo para diferenciar los ingresos recibidos por su trabajo y esfuerzo personal por los asalariados y los profesionales independientes. Ambos son el sostén de las economías familiares y para ambos sus ingresos revisten el carácter de alimentarios", insistió.

Marcó que el hecho de no ejercer la profesión en relación de dependencia, situación que por otra parte lo despoja de las mínimas seguridades que ello importa, tales como regularidad de ingresos, estabilidad laboral, vacaciones y licencias pagas, seguros y protección de enfermedades, no debe ir en desmedro de la protección que le da la Constitución, en su artículo 14 bis.

Por su parte, la agrupación radical Línea Morada pronosticó que las modificaciones terminarán en los estrados judiciales. "En junio de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la AFIP no tiene facultades para embargar bienes o cuentas de los contribuyentes sin contar con una orden judicial previa", remarcaron los dirigentes Esteban Ávila, Osvaldo Barreñada, Pedro Zanoni y José Nader, entre otros.

La agrupación propuso una reforma fiscal que, según el comunicado, apunta a posibilitar que el comercio la industria y la producción se sigan expandiendo. "El único interés del Gobierno es recaudar para seguir teniendo cautivo a un sector de la población con una nueva forma de esclavitud: la política", espetaron.

Fuente: lagaceta.com