En los últimos ocho años, Córdoba gastó más que los recursos transferidos por la Nación

El gobierno de la provincia de Córdoba percibió en los últimos ocho años una transferencia de recursos de la Nación por $132.974 millones, cifra que superó el gasto realizado por las administraciones de José Manuel de la Sota, entre 2003 y 2007, y Juan Schiaretti, entre 2007 y 2011.

Así se desprende de los propios números que maneja la Contaduría General de la provincia y que dan cuenta de que Córdoba resultó una beneficiaria de la administración nacional, tanto durante la presidencia de Néstor Kirchner como la primera de Cristina Fernández.

Esta asignación de recursos contrasta con el reclamo de De la Sota de que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) le debe unos $1.040 millones a la provincia que gobierna por el Convenio de Armonización Previsional de 1999, que derivó en un acuerdo entre el actual gobierno nacional y Córdoba en 2009.

Sin embargo, Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, aseguró que no existe ninguna intención de la ANSES de no asumir sus compromisos con la provincia de Córdoba, sino que es el gobierno de ese distrito el que no cumplió lo acordado con la Nación en su momento, y rechazó el reclamo.

Mientras De la Sota profundiza el reclamo, según publicó hoy el matutino porteño Tiempo Argentino, “el delasotismo busca victimizarse y señalar que la Nación ‘discrimina a los cordobeses’, cuando en realidad la administración nacional destina mayor cantidad de recursos para atender las necesidades de los habitantes de Córdoba que lo que asigna el propio gobierno provincial”.

Además, el diario remarcó que Córdoba “sostiene un sistema tributario regresivo que carga la recaudación sobre los bolsillos con menor capacidad contributiva y se niega a gravar a los sectores con mayor rentabilidad”.

De acuerdo al análisis realizado por Tiempo Argentino, en el período 2003-2011, la Nación asignó 114% del gasto ejecutado por la provincia.

En 2011 el gasto del gobierno provincial ascendió a $30.055 millones, mientras que los recursos nacionales por coparticipación y leyes especiales, gastos y transferencias presupuestarias y asistencia financiera alcanzaron a $33.195 millones.

“Este escenario se repitió durante todo el kirchnerismo, con mayor peso en los últimos años, con partidas extras de entre $2.500 y $3.500 millones”, remarcó el informe, que concluyó que “si se toman los nueve años en conjunto, la provincia contó con $ 16.757 millones más para utilizar que, sin la decisión del gobierno nacional, no hubieran ido a las cuentas cordobesas”.

Además, por el Programa Federal de Desendeudamiento que anunció la Presidenta en mayo de 2011, De la Sota se ahorra entre $1.300 y $1.500 millones por año entre pagos de capital e intereses que fueron refinanciados y, de no ser por las facilidades que se le otorgaron, no se volcarían sobre las necesidades de la población de su provincia.

Por su parte, el ombudsman nacional indicó que “en un acuerdo de 2009 la provincia se comprometió a completar las armonizaciones de todos los puntos del convenio, que son de convergencia con el régimen previsional nacional y se refieren a la determinación del haber jubilatorio”.

Sin embargo, precisó que “el acuerdo prevé que las jubilaciones de la provincia pasen de calcularse en base al promedio de los últimos 10 años de trabajo, tal como lo establece el régimen nacional, en lugar de los cuatro años que rigen en la actualidad en el régimen provincial”.

“El otro punto de armonización que no se ha completado es el que se refiere a la movilidad. En este sentido, según el acuerdo, la provincia debería pasar del 82% móvil al régimen de movilidad nacional, que establece dos aumentos automáticos anuales en base a un régimen mixto de ingresos tributarios e ingresos previsionales”, subrayó Sella.

Puntualizó que “la provincia no ha avanzado con el proceso de armonización hasta la fecha”, y remarcó que “consecuentemente, ANSES ha aplicado una cláusula incorporada a este último convenio en la cual se establece que en caso de que la provincia no concluya la armonización, la obligación de la Nación de pagar los fondos estipulados para los años 2010 y 2011 pierde toda efectividad y exigibilidad”.

“En este sentido no veo que haya una decisión política por parte de ANSES de no pagar, sino que hay una imposibilidad legal porque una cláusula expresa del convenio así lo dispone”, afirmó el funcionario.

Señaló que “la provincia de Córdoba inició acciones judiciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que resolverlo, en base al análisis de los elementos que se hayan aportado a esa demanda”.

Al respecto, indicó que “la Defensoría nacional ha venido trabajando y haciendo un seguimiento de este tema desde 2008”.

Explicó que “cuando se transfirieron las once cajas provinciales a la ANSES, ésta se hizo cargo de todos los aportes, pero también de los pasivos”, y añadió que “en ese marco, todos los pasivos y beneficiarios del Régimen Nacional de la Seguridad Social quedaron alcanzados por su normativa”.

Así subrayó que “por lo tanto, las provincias debían armonizar sus sistemas previsionales con el nacional, siendo esa la base de la obligación de la Nación de financiar los déficit de esos sistemas provinciales como modo de subsanar la asimetría producida”.

“Pero en la medida que no los armonicen, la Nación no se considera obligada a afrontar dichos déficit”, concluyó Sella.

Fuente: Télam