Entidades empresarias expresaron su respaldo a la política antilavado

El ministro de Justicia y Derechos Humanos recibió el respaldo del Grupo de los Seis (integrado por las principales entidades empresarias del país), ante los avances en las políticas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Una delegación encabezada por Jorge Brito, titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), se reunió con Julio Alak ante su próxima participación en la reunión plenaria del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que se realizará del 16 al 18 de este mes en París.

"La Argentina se ha equiparado a los estándares internacionales que requería el GAFI, y en este sentido ha sido fundamental el apoyo privado", sostuvo el ministro.

Brito, por su parte, afirmó: "siempre vimos esta cuestión como un problema de los argentinos, y si bien había cosas que modificar, el gobierno estaba cumpliendo con los requerimientos internacionales".

"Había una mala percepción de la Argentina, por lo cual es muy importante lo que el gobierno ha hecho demostrando los avances realizados, como pude expresarlo en las reuniones que mantuve con miembros del GAFI", añadió el banquero.

A la reunión con Alak concurrieron además los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren; de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekián (solo faltó un representante de la Sociedad Rural Argentina).

El ministro resaltó la importancia de las normas anti lavado que sancionó el Congreso nacional, así como la actividad que viene desplegando el Poder Judicial.

"Queremos seguir perfeccionando el sistema, mejorarlo y tornarlo confiable, transparente y eficiente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", añadió Alak.

El objetivo de su participación en el encuentro del GAFI, explicó, consiste en "lograr que se disponga una auditoría anual por parte del organismo, y no periódica como es en este momento".

El seguimiento intensivo por parte del organismo, mediante controles trimestrales, rige desde 2010, pero en el último bienio se dio curso a un conjunto de modificaciones normativas, así como a numerosas acciones políticas e institucionales.

Alak resaltó el fortalecimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), tanto en término de facultades como de personal y herramientas, para desarrollar una actividad más intensa.

Destacó además el fuerte crecimiento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas, "que prácticamente aumentaron en diez veces en comparación con el decenio anterior".

El ministro dijo luego que el GAFI "vio con beneplácito las normas que sancionó el Congreso, y que se ubican entre las mejores normas del mundo en la materia".

En la reunión con el Grupo de los Seis, Alak evaluó la realización de un encuentro antes de fin de año con empresarios y miembros del Poder Judicial, para seguir avanzando en la difusión y aplicación de las normas antilavado.

El ministro de Justicia destacó que la Argentina cumplió plenamente con el Plan de Acción presentado en febrero de 2011, aprobado inclusive por el Grupo, para superar las deficiencias detectadas en forma previa.

Ese plan permitió en el último año y medio cumplir con gran parte de las 16 recomendaciones claves para el GAFI, comenzando por la reorganización del sistema anti lavado en cabeza de la UIF.

Se dictaron además múltiples resoluciones tendientes a reordenar el sistema de prevención, supervisión y sanción de los sujetos obligados; y se modificó el Código Penal en materia de lavado de dinero (mediante la sanción de la ley 26.683).

También se produjo la unificación registral a nivel nacional y el dictado de resoluciones y readecuaciones administrativas de los organismos de fiscalización y control: Comisión de Valores, Superintendencia de Seguros, Banco Central y Administración Federal de Ingresos Públicos.

En ese período se sancionaron las leyes 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal nuevas figuras en materia de delitos económicos, principalmente vinculados con el sector financiero; y un agravante para los delitos cometidos con finalidad terrorista.

Esas prácticas se consideran "ataques directos contra el sistema económico y financiero", y las condenas establecidas para los infractores van de 3 a 10 años de prisión.

Fuente: Télam