España actualizará las jubilaciones según el dinero del Estado y la esperanza de vida
El Congreso español aprobó una reforma de las jubilaciones, que desvincula los aumentos a la inflación y, en cambio, los vincula a la situación económica del país y a la esperanza de vida.
La norma, que entrará en vigor el 1º de enero de 2014, concluyó así los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en el Congreso y el Senado, donde la oposición se opuso unánimemente y defendió, sin éxito, numerosas enmiendas.
Con esta reforma, las jubilaciones ya no se actualizarán como hasta ahora en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), sino con los ingresos y gastos del Estado, y de la variación del número de jubilados (al alza según las previsiones demográficas).
La ley fija una subida mínima del 0,25% para los años malos, y un techo para los años de bonanza correspondiente al aumento de los precios según el IPC que se registre más un 0,5%.
Para 2014, el gobierno estableció que la subida será del 0,25 por ciento. Esto significa que el año que viene la jubilación mínima, según el caso, subirá entre 0,5 y 3 euros mensuales, es decir, los beneficiarios mayores de 65 años con una gran invalidez y un cónyuge a su cargo que cobren la mínima recibirán 1.171 euros mensuales.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad, que suma un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la jubilación inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años.
Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo argumenta que la prestación total percibida será similar a la de jubilados anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años.
Con ambas medidas, el gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP insistió en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de jubilados, a los que aseguró que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a mediano y largo plazo.
Por su parte, los representantes de la oposición expresaron su rechazo unánime a lo largo de todo el proceso parlamentario, y vaticinaron que la reforma no tendrá larga vida y será derogada cuando haya cambio de gobierno, ya que, según ellos, se trata de una maniobra para terminar con el sistema público de jubilaciones”.
El PP sostuvo que las medidas recogidas en la reforma son necesarias para garantizar las prestaciones de los nueve millones de jubilados españoles, que serán 15 millones en el año 2050.
Oposición
Durante el debate celebrado en el Pleno del Congreso antes de votar las enmiendas del Senado, la oposición en bloque criticó al gobierno por elaborar el cambio legislativo de forma unilateral, saltándose el Pacto de Toledo, y por poner en marcha una reforma que condena a los mayores a la pobreza.
ANTES Y DESPUÉS
Desde 1997 las jubilaciones se revalorizaban con el IPC. El gobierno subía las pensiones según su previsión de inflación para ese año. Pasados los meses, si el dato real de noviembre de IPC era superior a lo previsto, los jubilados recibían la diferencia en un único pago, al año siguiente. Si el índice era igual o inferior no se les quitaba de la jubilación. Este sistema garantizaba que no se perdiera poder adquisitivo, lo que no parece ocurrir con la reforma.
Fuente: Diario BAE
