Fallo del CIADI sentenció al país a pagar más de u$s 200 millones a Électricité de France

El Gobierno argentino sufrió otro revés en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Un reciente fallo del tribunal, arbitrado por el estadounidense William W. Park, sentenció que el país deberá pagar a las empresas Électricité de France (EDF), SAUR International y León Participaciones Argentinas, más de u$s 200 millones, por daños acaecidos durante la crisis económica de 2001 a raíz de las medidas de emergencia –que incluyeron congelamiento de tarifas y pesificación de los contratos de servicios públicos–.

En concreto, el veredicto ordena el desembolso de u$s 136 millones, sumado a intereses, a las firmas eléctricas demandantes. Con la sentencia, Argentina ya acumuló nueve juicios perdidos en esta corte internacional con sede en Washington con una deuda que totaliza más de u$s 1.000 millones. El Estado todavía no pagó ninguno de estos laudos, lo que se añade a otras trabas, como el Club de París, que deterioran la imagen argentina en el caso de necesitar financiamiento externo.

Pero, más allá de la nueva condena, lo cierto es que en el caso puntual de EDF, el Gobierno recibió “el mal menor”. Los franceses de la eléctrica –ex concesionarios de la distribuidora de electricidad local Edenor hasta mayo de 2005– junto a las otras dos compañías demandaron a la Nación en primer instancia y a la provincia de Mendoza en segunda, en el 2003 por u$s 250 millones. Pero a su vez, ese mismo año, EDF también había iniciado un juicio contra el país por u$s 1.000 millones, que la gestión de Néstor kirchner logró bajar, por medio de negociaciones con Marcelo Mindlin, cabeza de Grupo Dolphin, cuando compró las acciones que tenían los franceses en Edenor. Una de las condiciones que había impuesto el ex presidente para que el empresario pudiera subir tarifas en ese entonces fue, precisamente, suspender el juicio millonario contra del Estado. Sin embargo, esa promesa está por caer y la situación podría revertirse, debido a que la demanda está congelada hasta septiembre de este año.

La estrategia de la Argentina hasta el momento siempre se encaminó en esa misma dirección: apelar todos los fallos, exigir que los demandantes litigien en los tribunales locales o directamente negociar de manera privada con los actores. Hasta ahora, de las 45 demandas presentadas desde el 2002 (la mayoría provenientes de compañías del sector energético ya retiradas del país, aunque en la lista también figuran concesionarias del servicio de agua, controladores de las licencias radioeléctricas y firmas de leasing y servicios financieros), 12 de esos pleitos han sido suspendidos o los actores retiraron o desistieron de la acción legal tras negociar una salida privada con las autoridades locales, según consta en los registros de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El más reciente fue el caso de Pampa Energía (también de propiedad de Mindlin) que anunció la suspensión a principios de mes de un juicio por u$s 167 millones iniciado en el 2003 por las empresas Enron y Ponderosa.

Las estadísticas no son alentadoras para las autoridades locales. La Argentina es el país que más litigios acumula en el tribunal creado en 1965 para resolver litigios entre estados e inversores extranjeros. Y podría sumar uno más: la amenaza de Repsol de ir al CIADI por la expropiación de sus acciones en YPF podría convertirse en el 46´ juicio que el país deba afrontar en el tribunal organismo mundial que preside Robert Zoellick.

Fuente: Cronista.com