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Formalizan la expropiación del predio ferial de Palermo
El Gobierno formalizó hoy en el Boletín Oficial el decreto de expropiación del predio ferial de Palermo luego de advertir una serie de presuntas irregularidades en el proceso que utilizó la Sociedad Rural Argentina para comprarle el inmueble al Estado en 1991.
A través del decreto 2552/2012, el Gobierno revocó el decreto 2699/1991 y "todos aquellos actos dictados en su consecuencia", con los que se concretó la venta del predio delimitado por las avenidas Santa Fe y Sarmiento, y las calles Cerviño y Oro, de esta ciudad. Se instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a realizar "todos los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble" y a "determinar las compensaciones que pudieren resultar de la revocación dispuesta".
El Gobierno recordó que aquella operación inmobiliaria se concretó por un monto de "30.000.000 de dólares" y advirtió que ese valor "resultó sustancialmente menor" al que fijó el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuyo cálculo fue de "63.615.000 dólares". "En esa tasación no se consideró el valor de las mejoras y construcciones preexistentes ni tampoco el efecto financiero derivado de una operación con financiación a largo plazo", señala el escrito oficial. Se remarca también que los funcionarios involucrados en la operación de venta del predio ferial son investigados en el marco de la causa 6.219/01 por el delito de "acción pública".
"Se investiga penalmente la conducta de quienes intervinieron en la operación de compraventa en cuestión: el ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem y el ex ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos Domingo Felipe Cavallo", detalla. Además agrega que también son investigados Eduardo Agustín Carlos de Zavalía y Juan Alberto Ravagnan, "quienes participaron en su calidad de Presidente y Secretario, respectivamente, de la SRA" y demás representantes del Banco Ciudad, del Banco Hipotecario Nacional y de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales. "Con excepción del ex presidente Carlos Saúl Menem, que dictó el decreto de aprobación de la venta, todos los nombrados han sido procesados como autores o partícipes necesarios, prima facie y según el caso, del delito previsto en el primer párrafo del artículo 261 del Codigo Penal de la Nación", indica.
El decreto subraya que "la transferencia de bienes estatales efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita" y señala que "el derecho nunca puede amparar un acto gravemente perjudicial para los intereses del Estado".
"La gravedad de los vicios, puesta de manifiesto, conlleva que la declaración de nulidad produzca efectos retroactivos y por consiguiente alcance a todos los actos que se hayan otorgado como consecuencia y en cumplimiento de los fines del decreto que aquí se revoca, toda vez que los mismos se han sustentado en un antecedente nulo", plantea el texto.

