Gobierno busca avanzar en proyecto de ley para que jueces paguen Ganancias

El Gobierno tiene en mente avanzar en un proyecto en el que ya fracasaron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde: que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. En la Casa de Gobierno están dispuestos a habilitar tras la apertura de sesiones en marzo cualquiera de las iniciativas de ley que fueron presentadas en el Congreso y que avanzan en la inclusión de los magistrados de todo el país para el tributo del impuesto como empleados de cuarta categoría (relación de dependencia).

Si se aprueba esta ley, y con el reglamento firmado, el Gobierno sabe que deberá enfrentar luego un serio problema político que seguramente termine en una acordada de la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto y la suspensión de la norma.

Se abriría entonces un nuevo capítulo, más cerca de las elecciones por otro lado, en la disputa entre el Gobierno y el Poder Judicial.

El avance más serio en todos los años de democracia para que los jueces tributen Ganancias se dio en 1996, con la sanción de la Ley 24.631 que eliminó las exención del impuesto para los funcionarios de los tres poderes, incluyendo el presidente, los senadores, diputados y los jueces, y los funcionarios intermedios de los tres poderes. A partir de ese momento, los legisladores comenzaron a tributar, y nunca se planteó ninguna cuestión de privilegio ante esa carga. Luego, en abril de ese año, la Corte Suprema de los años de Carlos Menem emitió la Acordada 20/96, declarando la ley inaplicable a los jueces y funcionarios judiciales; que a partir de allí continuaron con el beneficio hasta hoy. En esa acordada se mencionó que los salarios de los jueces son «intangibles», declarando que sólo los magistrados pueden resolver sobre el tema, prohibiendo la alternativa de una ley o un decreto. Así, lo que la Corte de esos días hizo saber es que sólo se respetaría una decisión de este tipo si hay una reforma de la Constitución nacional.

El argumento judicial es que la carta magna establece la intangibilidad en el artículo 3 inciso 1, para proteger a los jueces de presiones del Congreso por medio del manejo de los salarios. La intención de la nueva ley es enfrentar ese argumento con que un impuesto general, que se aplique en todo el sistema tributario y que no sea exclusivo de un sector (en este caso, la Justicia) o discriminatorio; no puede ser tenido en cuenta como un intento de presión.

La intención del kirchnerismo es también política. Si triunfara en la aplicación de esta ley que obliga al Poder Judicial a pagar Ganancias, habría avanzado donde todos los gobiernos constitucionales fracasaron. Dentro de la Casa de Gobierno se estima que debería abrirse una instancia negociadora con la Corte para que se pueda aplicar el impuesto. Algunos hombres con llegada a los magistrados de ese tribunal máximo aseguran que una alternativa es negociar con la Justicia la posibilidad de no imponer topes a las jubilaciones de ese poder. Actualmente, el Gobierno se encuentra en una cruzada judicial para impedir lo que se denominan en el kirchnerismo «jubilaciones de privilegio» de los jueces, los que pueden llegar a tener pensiones de hasta $ 40.000 mensuales según lo que se autodeterminen como su paga una vez que dejan sus funciones. El Gobierno aplica desde el año pasado un tope de 19.100 pesos mensuales (sólo para las nuevas jubilaciones), cuestión que abrió otro conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia.

Fuente: Ámbito.com