Gobierno presentó dos denuncias en tribunales por el conflicto camionero

Las impulsaron los ministros Florencio Randazzo, y Julio De Vido. Quedaron a cargo de los jueces Sergio Torres y Julián Ercolini.

El reclamo del gremio de Camioneros que hasta ayer por la tarde dejó prácticamente sin combustibles al país llegó a los tribunales por dos vías directas, ambas impulsadas por el gobierno.

El ministro de Interior y Transportes, Florencio Randazzo, y el de Planificación, Julio De Vido, formularon sendas denuncias ante el fuero federal porteño. En el primer caso, directamente contra el gremio; en el segundo, contra la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la cámara empresarial que anunció, cuando el clima de tensión parecía llegar a un punto de no retorno, el acuerdo salarial del 25,5% con el gremio.

Por sorteo, las causas recayeron en dos de los jueces con mejor imagen en el fuero federal porteño: Sergio Torres y Julián Ercolini.

La presentación de Randazzo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación –a cargo de Angelina Abbona–, apunta directamente contra Hugo y Pablo Moyano y “contra los restantes integrantes del cuerpo directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y obreros del transporte automotor de cargas, logística y servicios”, tal el nombre completo del gremio de los Moyano.

“Amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos”, invocó el ministro del Interior. La escala penal trepa a un máximo de diez años de cárcel. Ayer al mediodía le fue corrida vista (se le envió la denuncia para que opine si corresponde o no impulsar la investigación) al fiscal Gerardo Di Masi.

Sergio Torres es uno de los dos jueces que ascendió durante el breve gobierno de la Alianza. Era titular del juzgado de instrucción 24, tenía como causas resonantes la persecución de los barras bravas de Boca Juniors, y se presentó a concurso para pasar al fuero federal. Lo ganó, con el visto bueno de los sectores jurídicos y académicos cercanos al radicalismo.

En su denuncia, Randazzo describió que los reclamos llevados por el gremio, hasta el extremo de causar el desabastecimiento de los combustibles ,“expone a las claras que se trata de un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico; así las cosas, estas medidas son empleadas con el claro propósito de ejercer compulsión en miras a obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos”. Y ante ese escenario, “la gravedad de los hechos descriptos ha obligado a que una de las fuerzas de seguridad haya tenido que adoptar medidas urgentes para garantizar la circulación de vehículos de transporte de combustibles”. En el moyanismo leyeron esos párrafos como un argumento de los 90 y agitaron el fantasma de la “criminalización de la protesta social”, en este caso del “legítimo reclamo de los trabajadores”.

La denuncia de De Vido, en tanto, recayó ante Julián Ercolini, quien asumió a finales de 2004 e integró la nómina de magistrados federales designados por el ex presidente Néstor Kirchner. Los otros fueron Daniel Rafecas y Ariel Lijo. De bajo perfil, entre los expedientes más importantes aún en su juzgado figuran el anterior siniestro ferroviario del Ferrocarril Sarmiento y la denuncia por presuntas irregularidades en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela. De Vido denunció a la FADEEAC, en cabeza de su titular, Luis Morales, por presunta violación a la ley de Soberanía Hidrocarburífera. Una suerte de lockout patronal.

La corporación empresarial debía “poner a disposición los camiones necesarios que serían operados por personal del Estado” para garantizar la distribución del combustible. No lo hizo. La asistencia en la emergencia “no pudo llevarse a cabo por la repentina y extraña ‘desaparición’ de los dirigentes en cuestión, quienes de ese modo actuaron de modo funcional al paro de actividades.”

Pese a que el levantamiento de la protesta frente a las destilerías descomprimió la situación, las denuncias se refieren a delitos que ya se habrían cometido. De modo que las investigaciones están en condiciones de seguir adelante.

Fuente: Tiempo Argentino