Gobierno ultima detalles para anunciar el acuerdo con Repsol por YPF

El gobierno de Cristina Kirchner se apresta a anunciar un acuerdo definitivo con Repsol por el paquete del 51% de acciones que la petrolera tenía en YPF y que le fue expropiado en abril de 2012. Tal como informó El Cronista en su edición del 3 de febrero, las negociaciones en cuanto a la oferta de pago –que sigue bajo confidencialidad– concluyeron. Fuentes oficiales confiaron a este diario que la propuesta argentina ya fue aceptada por los españoles que lograron también consesuar con el equipo económico que comanda Axel Kicillof las garantías que habían exigido para desistir a los litigios que Repsol inició en distintos tribunales locales y extranjeros.

Desde la semana pasada hasta el día de ayer, representantes técnicos y legales de la petrolera que conduce Antonio Brufau mantuvieron reuniones con miembros de la gerencia legal del Ministerio de Economía. Según detallaron fuentes del Palacio de Hacienda, en los encuentros se está trabajando en los términos jurídicos y de redacción del documento. “El foco está puesto en cómo se instrumentará el contrato y sus anexos para que no queden lagunas que den lugar a algún tipo de interposición o mala interpretación entre las leyes locales y las españolas”, explicaron.

Fecha límite

La urgencia por cerrar un acuerdo concluyente corre para ambos bandos. La intención del equipo de Repsol que desembarcó en Buenos Aires la semana pasada es regresar a España con el documento y las condiciones listas para someterlos a análisis en la reunión del 26 de febrero que la Junta de la petrolera llevará a cabo y ponerla a aprobación de los accionistas en el mes de marzo.

El apuro del lado argentino tiene fecha anunciada. El 7 de mayo vence el plazo que el Gobierno tiene para compensar a Repsol. En la ley que aprobó el Congreso argentino en abril de 2012, donde se declararon de utilidad pública las acciones expropiadas, se remite a la Ley Nacional de Expropiación (la 21.499 y dictaminada en la Dictadura). La legislación, que regula el procedimiento, establece un plazo de dos años para el pago, que se podrá dar de dos maneras. O las partes se ponen de acuerdo o de no existir un consenso, el Estado cuenta con ese plazo para iniciar un juicio (en el que se podría dar un pago de forma unilateral). Pasados los dos años si ninguna de las dos condiciones se lleva a cabo, queda abandonada la expropiación y todo se retrotrae a la situación previa a la estatización. Es decir, que en ese caso, el Gobierno deberá devolver las acciones a Repsol, con el fracaso político que eso significaría.

Tanto la administración kirchnerista como el presidente de la estatal YPF, Miguel Galuccio –quien fue un alfil clave de la negociación– estaban confiados en que el acuerdo se resolvería cuanto antes en enero. No obstante, las propias políticas impulsadas por el oficialismo dilataron más el pacto. La devaluación convalidada por Kicillof, que llevó al tipo de cambio oficial de $ 6,5 a $ 8 a fines de enero, complicó el escenario. La medida encendió enseguida un cimbronazo en España, donde se buscó reforzar las garantías exigidas a la Argentina por la oferta que, según trascendió informalmente, consiste en en una compensación de títulos públicos valorados en unos u$s 5.000 millones a 10 años con una rentabilidad del 8,75%. Kicillof prometió estabilidad en el tipo de cambio y se concedieron exigencias para poder destrabar el arreglo (vale aclarar que Brufau reclamaba más de u$s 10.000 millones) que está cerca de su fecha límite.

Fuente: Cronista.com