Griesa declaró a la Argentina en desacato y dejó en suspenso una multa

Después de haberle dado el viernes pasado un guiño al Citigroup, Thomas Griesa volvió ayer a la línea que venía manteniendo en sus fallos y declaró al país en "desacato". De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer Estado soberano que, según un juez de los Estados Unidos, ingresa en esa figura por cuestiones financieras vinculadas con el pago de deuda. Según Griesa, el hecho de que la Argentina haya avanzado, y concretado, la amenaza de comenzar a pagar desde hoy los títulos públicos emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, y que según su fallo de febrero de 2012 debían ser potenciales embargados para cumplir el pago a los fondos buitre, amerita que el país sea declarado en rebeldía. Ayer, por primera vez, Thomas Griesa se sinceró y explicó por qué falla consecuentemente contra la Argentina: según el juez neoyorquino, los canjes de 2005 y 2010 no sirven como argumento para rechazar su fallo, porque en el llamado no se completó el 100% de aceptación de los tenedores de bonos en default. Además, para el juez, el aval del 93% a los llamados a reestructurar los canjes no fueron "compulsivos" y los que no aceptaron mantenían su derecho a cobrar la totalidad de la deuda.

La decisión de Griesa fue tomada en una nueva audiencia en su despacho del segundo circuito de Nueva York, en el tercer encuentro consecutivo de este tipo luego del 30 de julio pasado, pedido por los fondos buitre para que se le aplique el desacato y eventuales multas al país. Por la concurrencia casi perfecta que hubo ayer, se sabía que se trataría de un evento importante, que quedaría en la historia del "juicio del siglo". De parte de la Argentina concurrieron Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, del estudio que representa al país, el Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Por parte de los fondos buitre se presentó Robert Cohen, el abogado republicano contratado por el NML Elliott para que encabece la embestida legal contra la Argentina, Edward Friedman (Aurelius y Blue Angel) y Robert Carroll (Olifant).

Según Griesa, fue la propia Argentina la que lo forzó, "luego de haber esperado dos audiencias", a declararla en desacato. Según la definición de la jurisprudencia norteamericana, desacato es una "desobediencia, rebeldía o falta de respeto contra un tribunal o una persona con un cargo en el Poder Judicial" o una "interferencia al desarrollo de un juicio". Lo complicado en el caso de ser sancionado un Estado soberano en los Estados Unidos es que la aplicación de la pena siempre trae aparejada una multa o, si el acusado no paga, la alternativa de una detención o privación de la libertad (en el caso de una persona) o la prohibición para seguir actuando (en el caso de una persona jurídica). Ninguna de las dos sanciones son fácticamente aplicables para un Estado.

El propio juez consideró ayer que se trata de "algo raro" de aplicar contra un país". Griesa justificó su decisión al señalar que la Argentina "tomó y está tomando" pasos, "en un intento por evadir partes críticas" del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país a no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a los 1.300 millones de dólares (unos 1.660 millones actualizados). El magistrado consideró que la Argentina dio pasos "ilegales" al "desplazar" al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), al "mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos" y al "realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer" las obligaciones con los demandantes.

Cohen, que habló en nombre de todos los fondos buitre, dijo que el tribunal debía aplicar su "autoridad" y actuar en ese sentido para enviar un mensaje de que es necesario cumplir con los fallos y buscó convencer al juez, al mencionarle que ya existen otros casos de desacato aplicados a otros países soberanos. "Hemos sido más que pacientes con la Argentina y es tiempo para la corte de efectuar su poder de autoridad para tomar acciones que le digan a la Argentina que realmente necesita cambiar su comportamiento", aseveró el abogado de los buitres.

En un momento clave, durante un diálogo con Boccuzzi, Griesa expone, quizá por primera vez, cuál es su verdadera teoría sobre la justificación de su fallo de octubre de 2012 a favor de los fondos buitre. Según Griesa, las reestructuraciones de la deuda argentina de 2005 y 2010 tuvieron "una aceptación de mucha gente", pero que no lo hicieron de manera "compulsiva", con lo cual se trató de un aval "voluntario" que "no todos aceptaron". "Usted tiene a la gente que no aceptó y tiene sus derechos. Ése es el problema que existió desde un principio. Si la República se considera responsable, debe reconocer que aquí había un problema; y que aquí hay un problema".

Para Griesa, de nada valen los argumentos sobre que si la Argentina aceptara el fallo y lo cumpliera tal cual fue dictaminado por el juez, se provocaría una situación de colapso financiero y un nuevo default con consecuencias imprevisibles; al menos hasta el último día hábil de diciembre de 2014, cuando venza la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). Griesa, cada vez que Boccuzzi volvía sobre el tema, ninguneaba las argumentaciones y afirmaba que el país había desconocido y ninguneado en su momento un problema que efectivamente existía y que no estaba siendo seriamente considerado por el Gobierno argentino.

Griesa habló además largamente, al justificar su decisión de declarar al país en desacato civil (In Civil Contempt), sobre las consecuencias negativas de la medida impulsada por el Gobierno de Cristina de Kirchner de avanzar en la sanción de la ley que permitirá a partir de hoy pagar la deuda con jurisdicción en Nueva York en Buenos Aires y París. Para el juez, con esa decisión la Argentina está "violando" su fallo de 2012 en el polémico capítulo de su interpretación de la cláusula "pari passu". Según la visión de Griesa, a partir del fallo que había tomado hace dos años, el país tenía tanto obligaciones con los bonistas "performance" (los que tenían su deuda al día y aceptaron los canjes de 2005 y 2010), como con los que no lo hicieron y eligieron el camino del juicio. Para el juez, con el pago de deuda fuera de la jurisdicción de Wall Street, el Gobierno de Cristina de Kirchner violó el compromiso por el cual todos los pagos debían hacerse en Estados Unidos para que Griesa tome la mitad de ese dinero y se lo liquide a los fondos buitre. Para el juez, la decisión de cambiar la dirección de pago de los bonos de Nueva York a la Argentina es "ilegal" y dictada por el Poder Ejecutivo argentino, "algo que no surgió del Congreso", con lo que responsabilizó directamente al Gobierno de Cristina de Kirchner por la situación.

Fuente: Ambito.com