Industriales reclaman al gobierno bonaerense por la ley que regula las condiciones laborales

La aprobación en la Legislatura bonaerense del proyecto de ley que crea, en el ámbito de las empresas, comités mixtos para que controlen las condiciones laborales, de higiene y seguridad disparó una fuerte reacción de los empresarios de ese territorio, quienes negocian contrarreloj con el gobernador Daniel Scioli para suavizar el impacto de la norma, mediante la reglamentación.

La ley fue sancionada a mediados de octubre y prevé que cualquier medida que adopte la empresa y que pueda afectar las condiciones laborales, de seguridad e higiene debe pasar por el filtro de estos comités, que deberán estar conformados por representantes de las compañías y de los trabajadores. “Todas las decisiones se verán involucradas en esta norma y ni siquiera fuimos consultados”, se quejó el secretario de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Pablo Challú, en el marco del 2 Congreso Industrial realizado el jueves pasado en el hotel Holiday Inn de Ciudad Evita, Partido de La Matanza.

El proyecto fue enviado por el Ejecutivo, por lo que a Scioli le resultará complicado dar marcha atrás. Sin embargo, le prometió al titular de la entidad industrial, Osvaldo Rial, que trabajará en el tema. Por lo pronto, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, habilitó a la UIPBA a redactar un borrador de decreto reglamentario que ya fue enviado al gobierno provincial y que establece que los comités mixtos deberán discutirse en el marco de los convenios colectivos de trabajo.

Según los empresarios, la ley avanzó en el sentido contrario a lo estipulado en un acta acuerdo firmado hace tres años entre todos los sectores que planteaba que estos acuerdos debían realizarse en las paritarias. “Cuartango nos dijo que quería llegar a un acuerdo consensuado”, señaló Challú.

La resistencia empresaria radica en que no quieren que los trabajadores tengan el poder como para frenar decisiones de la compañía. Por el mismo motivo es que la mayoría de las cámaras empresarias nacionales se opusieron al proyecto inicial de reforma de la ley de riesgos del trabajo, que promovía el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que también creaba los comités mixtos de prevención de accidentes.

Una de las salidas para el gobierno provincial sería avanzar con la reglamentación propuesta por la entidad empresaria, mientras que otra opción sería no reglamentarlo y, por lo tanto, que nunca entre en vigencia.

¿Marcha atrás?

También la UIA busca dar marcha atrás, pero con los aumentos que ya empezaron a aplicar las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) en las alícuotas a raíz de la nueva ley sancionada a fin de octubre, que aumenta las indemnizaciones considerablemente.

Mientras que desde las ART admiten que el 19,7% de incremento que comenzaron a cobrar está en línea con lo acordado entre todas las partes, desde la UIA consideran que “la adecuación de las alícuotas debería producirse en el lapso de un año, cuando se puedan ver los efectos de la nueva norma en la litigiosidad”, señaló el titular de la entidad, José Ignacio de Mendiguren.

Según agregó el dirigente, Tomada le dio su palabra de que “se dará marcha atrás porque el aumento no está aprobado ni por la cartera laboral ni por la superintendencia de Riesgos del Trabajo”. Incluso, habilitó a las entidades industriales a que insten a sus empresas socias a enviarle a las aseguradoras cartas documento, señaló De Mendiguren a este diario.

Estos incrementos generaron una gran resistencia fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, quienes aprovecharon la reunión de Junta Directiva de la UIA del jueves pasado para manifestar su disconformidad y la institución lo transmitió en un comunicado.

Fuente: Cronista.com