JP Morgan busca acceder a prueba clave en causa por lavado

Amedida que avanza la investigación judicial por presuntas maniobras de lavado y evasión tributaria a través del JP Morgan Chase, distintas empresas involucradas se fueron presentando en el expediente, por lejos el más importante en este tipo de delitos. En este escenario, el banco estadounidense que en la Argentina comanda Facundo Gómez Minujin, llevó a cabo la jugada más ambiciosa de la que se tiene registro: pidió al juez Federal en lo Penal y Correccional 7, Sebastián Casanello poder contar con el celular que el banco le asignó a su ex banquero, Hernán Arbizu, para realizarle una pericia privada con un perito propio de la entidad. La movida puede considerarse curiosa si se entiende que el Morgan ni es parte ni está imputado en la causa, pero se comprende como una medida estratégica por la peligrosidad de los datos contenidos en el aparato. Tal como publicó en exclusiva Tiempo Argentino el 21 de julio último, cuando Arbizu ingresó en 2006, el banco le facilitó un Blackberry para manejarse buscando clientes y gestionando el dinero de las grandes corporaciones de Argentina y la región Cono Sur. Ese teléfono contiene más de 100 correos electrónicos y mensajes entre Arbizu y firmas como Clarín, Consultatio, Editorial Estrada, y los dueños del hotel Hyatt; además de una serie de operaciones de lavado de dinero tales como préstamos back to back y fuga vía paraísos fiscales. En el teléfono aparece además toda la estructura dirigencial del Morgan en el país y la región, todos denunciados por la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte de una asociación ilícita que actuaba como respaldo de Arbizu en la comisión de delitos económicos. Entre los ejecutivos mencionados figuran, por caso, Andrés Rodríguez Lubary, número dos del banco en el país; y Roberto Zorgno, ex gerente Financiero del Grupo Clarín y luego ejecutivo del Morgan, banco en el cual su ex empleador tiene cuentas en el exterior, como empresa y a través de sus directores.

Por todo lo exhibido, los abogados del banco pertenecientes al Estudio Durrieu, en su carácter de apoderados del Morgan, le solicitaron a Casanello realizar en el aparato un peritaje a través del Ingeniero Gabriel Fernando Paradelo, citando como norma para ampararse "las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional". En el escrito enviado a Casanello, los letrados Justo Lo Prete y Guillermo Arias, consideraron que con esta medida se encuentra "en juego la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio". Lo notable de la situación es que el aparato ya fue peritado por la Gendarmería, en su Dirección de Policía Científica de la Unidad Especial de Procedimientos Judicial "Buenos Aires". Y el juez ya analiza los resultados, razón por la cual rechazó el pedido del banco, que curiosamente había sido apoyado por el Estudio Ibañez, que por solicitud de su cliente Eduardo Costantini había pedido otra designación de peritos privados.

Pero el Morgan no se quedó quieto y apeló ante la Cámara, recurso que fue autorizado por Casanello. En el escrito del pedido, los abogados del Estudio Durrieu señalaron como un "agravio" la decisión del Tribunal de rechazar su pedido. Además, el banco justifica el pedido en investigaciones de este diario, en las que el banco, según la visión de los abogados, es tomado como parte. El contenido del teléfono, que abarca hechos probatorios de la estafa inicial de Arbizu entre cuentas del Morgan y la Unión de Bancos Suizos, hasta los contactos con los grandes capitales nacionales, es la Piedra Rosetta que conjuga en su sistema todo el material probatorio de las dos grandes causas de lavado más importantes de la historia: la 9232, caratulada "N.N. S/ delito de Acción Pública", que se inició en 2008 en el Juzgado Penal y Correccional 12, de Sergio Torres y que quedó congelada hasta que este diario empezó a investigarla en los últimos años; y la causa de "Ausol sobre averiguación de delito", que se inició luego de que Tiempo publicara órdenes de transferencia de Ausol, Emilio Cárdenas, los Priú, Fort, Petrobrás, Ledesma y Costantini, entre otros. Esta última causa, que tramita en el juzgado de Casanello, cambió recientemente de carátula por número 4334 "ARBIZU, HERNÁN ESTEBAN y otros sobre averiguación de delito".

La pelea por tener los datos del celular de Arbizu tiene que ver además con poner un freno al proceso de unificación de causas que encaró Casanello, para traerse información de los actos del juez Torres, y salirse así del congelamiento de ese expediente, que quedó a la espera de una respuesta de Estados Unidos de exhortos internacionales.

Fuente: Tiempo Argentino