Justicia activó un amparo que ordena a la Secretaría de Energía publicar el contrato de YPF con Chevron

La estatal YPF sumó otro revés judicial que la intima a hacer público el millonario contrato que firmó el 16 de junio con Chevron para explotar Vaca Muerta, el prometedor reservorio de shale ubicado en Neuquén. Mientras el miércoles se conoció que una jueza federal dio lugar a la demanda de un grupo de inversores españoles minoritarios de Repsol en la que solicita una copia del acuerdo, ayer la Justicia abrió otra instancia legal que ordena lo mismo.

La candidata a senadora nacional por UNEN, Fernanda Reyes, presentó un amparo judicial para que la Secretaría de Energía informe sobre el misterioso pacto. Ante la falta de respuesta del organismo que conduce Daniel Cameron a un previo pedido de informe del contrato, basado en el decreto de acceso a la información pública, la ex diputada de la Coalición Cívica decidió activar, tal como la habilita la ley, el recurso de amparo. El 16 de julio fue la primera vez que Reyes hizo la solicitud a la cartera energética, dándole un plazo de 10 días. Según la ex funcionaria, Cameron respondió al primer pedido, requiriendo una prórroga de otros diez días más. Pero el plazo venció ayer y el secretario no volvió a contactarse.

La aspirante a una banca en el Senado, explicó que “al tratarse de una empresa estatal, esa información debe ser de público conocimiento”. Vale recordar que hace más de un año el Gobierno de Cristina kirchner resolvió nacionalizar YPF, expropiando el 51% de acciones que estaban en manos de Repsol, por las que aún no ha pagado.

Reyes detalló que “se exige al Estado que informe sobre los mecanismos de promoción de inversión, sobre los usos del agua y del manejo de agua residual, sobre cuál será la jurisdicción que intervenga cuando exista un conflicto entre las partes, entre otros puntos del contrato a esclarecer muy importantes”.

Al mismo tiempo, la ex funcionaria denunció que “el acuerdo se gestó en una oscuridad absoluta y en un marco también oscuro de ampliación de concesiones en las que también hemos planteado desde nuestra fuerza su inconstitucionalidad, por lo que hay múltiples razones de sospechas”. “Sin ir más lejos, en el intenso debate que tuvo lugar en la legislatura de Neuquén para extender las concesiones a YPF y que se pueda ejecutar el plan con Chevron, el mismo que el presidente de la Comisión reconoció que no había tenido acceso al documento”, agregó. “No estamos hablando de cualquier cosa acá, sino los recursos naturales que son de todos”, remató Reyes, quien especificó que “los tiempos del amparo los dictaminará la Justicia, pero podrían ser del orden de los 5 días”.

Sin embargo, a pesar del argumento de la estatización para exigir que se haga público el contrato, en la petrolera de Miguel Galuccio hablan de “empresa privada”. “Las sociedades anónimas que cotizan en bolsa siempre realizan este tipo de negociaciones en la más estricta confidencialidad, porque así lo exigen tanto los reguladores del mercado como sus accionistas. YPF es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la de Nueva York y toma muy en serio sus responsabilidades como tal”, es el argumento que no se cansan de repetir las autoridades de la petrolera para no hacer trascender el reservado acuerdo.

Fuente: Cronista.com