Justicia citó a ejecutiva del JP Morgan a declarar por causa de lavado

Carolina Sánchez Rivas –patrocinada por los abogados de La Nación en Papel Prensa– ocupaba un lugar clave en la estructura jerárquica.

Nunca un empleado de JP Morgan fue llamado a declarar ante la justicia por su actuación en el país", se defendió una fuente del banco semanas atrás. La declaración, verdadera o no, ya perdió relevancia. Y es que por primera vez desde que estalló el escándalo hace ya más de cinco años, la justicia citó a declarar a un ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan, en el marco de la investigación por su presunta responsabilidad en el armado de una ingeniería financiera que tenía por objeto facilitar la evasión y lavado de activos de clientes argentinos en el exterior.

La persona en cuestión es Carolina Sánchez Rivas, quien como "Asistente Ejecutiva de Banca Privada para el Cono Sur" según consta en su propio currículum, constituía un engranaje de la estructura jerárquica que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió imputar como integrantes de una "asociación ilícita" que llevó a cabo las millonarias maniobras. El juez Sebastián Casanello la citó como testigo en el marco de la "Hernán Arbizu s/ averiguación de delito", en la que se investigan órdenes de transferencia de dinero al exterior por parte de Ernestina Herrera de Noble, CEO de Clarín, y de firmas como Petrobras, Consultatio, Ledesma, los Priú y personas físicas como el Exxel Group Juan Navarro Castex, y el ex funcionario menemista Emilio Cárdenas.

¿Por qué ocupaba un rol clave? De acuerdo a la denuncia original del arrepentido Hernán Arbizu, por entonces vicepresidente de Banca Privada para el Cono Sur, Sánchez Rivas era la encargada de llevar la agenda de reuniones del ejecutivo con clientes argentinos, además de ser nexo con los directivos del banco en Nueva York. El relato de Arbizu coincide además con la información existente en el teléfono celular Blackberry que el banco estadounidense le había otorgado, una de las principales pruebas en la investigación que lleva el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 7.

Además de dejar constancia de operaciones concretas de lavado a través de paraísos fiscales, los 117 correos electrónicos contenidos en el celular dan cuenta de la fluida y cotidiana cercanía entre Arbizu y los principales directivos del área de banca privada, que en ese entonces estaba a cargo de Andrés Rodríguez Lubary. Justamente el nombre de Carolina Sánchez Rivas aparece enviando dos correos electrónicos, ambos fechados el 6 de mayo de 2008. "Dijo Andy Lubary que si pasas por acá le avisemos", dice uno, "te llamo Luke, te quise pasar al celu pero no enganchaba", apunta el otro. "Luke" no es otro que Luke Palacio, por entonces jefe de Banca Privada para Latinoamérica. Además, la empleada tenía acceso a los resúmenes de cuenta de los clientes.

Cabe recordar que el negocio de Banca Privada, según el testimonio brindado a la justicia por el reo Arbizu, consistía en "ayudar a los clientes en la constitución de estructuras con las cuales ocultar la verdadera titularidad de los activos, ya que en muchos casos los activos no son declarados en el país donde residen los clientes".

El ex ejecutivo aportó además el nombre de los ejecutivos a los cuales reportaba –también figuran en el celular–, las empresas y personas físicas clientes y los montos que tenían depositados, entre los que se encuentran los principales directivos del Grupo Clarín.

Desde el banco reiteran una y otra vez que la sucursal en la Argentina no tiene ni tuvo en el pasado el negocio de Banca Privada, algo que en principio queda refutado por sus propios empleados: Carolina Sánchez Rivas consigna en su perfil público haber trabajado desde marzo de 1994 hasta enero de 2009 –poco tiempo después de que estallara el escándalo– como asistente ejecutiva de Banca Privada en la sucursal de Buenos Aires del JP Morgan. Lo cierto es que con esas pruebas en mano –dos emails como nexo entre Arbizu y los principales referentes del negocio de Banca Privada del JP Morgan–, el juez federal Casanello citó a Sánchez Rivas para que ratifique los dichos de Arbizu.

Ante la inminencia de un testimonio clave que además de poner en jaque a los principales directivos también compromete a los diversos clientes del banco, algunos de los cuales se presentaron por propia voluntad en el expediente, como es el caso de Eduardo Costantini, Emilio Cárdenas, Juan Navarro Castex (Exxel Group), el banco no se cruzó de brazos. Con el patrocinio letrado del abogado Carlos Font Balestra –el mismo que representa al diario La Nación en la causa por la expropiación de Papel Prensa a la familia Graiver–, Sánchez Rivas se negó a declarar ante Casanello, bajo el argumento de que su declaración podía ser "auto-incriminatoria". Como respuesta, el juez descartó sus argumentos y volvió a citarla.

La causa "Hernán Arbizu y otros sobre Averiguación de Delito" que impulsa Casanello se inició a partir de la publicación de las "instrucciones de transferencia" que publicó en exclusiva Tiempo durante el mes de mayo, y que dan cuenta de una serie de transacciones financieras llevadas a cabo entre 2006 y 2008, incluyendo nombres, cuentas, montos y sedes de los bancos implicados, a través de cuentas offshore y con la participación del JP Morgan Chase en cada una de ellas. Tras la publicación, el fiscal Guillermo Marijuan le solicitó al juez federal Sergio Torres, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 12, una ampliación del requerimiento de instrucción sobre los nuevos clientes sospechados. Torres es quien lleva adelante la primera causa abierta por evasión y lavado tras la autodenuncia formulada por Arbizu a mediados de 2008, y en la cual se investiga a 469 personas físicas y jurídicas, entre los que se encuentran los principales directivos del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda. A pesar de tratarse de acciones que tienen un gran denominador en común –la participación del JP Morgan–, Torres entendió que se trataba de un hecho nuevo que, tras el sorteo correspondiente, recayó en Casanello. En poco tiempo, el magistrado impulsó una serie de medidas relevantes: le tomó declaración indagatoria a Arbizu, aceptó a la Unidad de Información Financiera como querellante y envió requerimientos a distintos organismos públicos para corroborar la información vertida por Arbizu. La causa acumula ya cinco cuerpos y se convirtió en la gran preocupación del JP Morgan.

Fuente: Tiempo Argentino