Justicia confirmó procesamiento de empresario de la construcción por evasión
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento del responsable de la constructora VLQ, Augusto Garcete, por el delito de apropiación indebida y reiterada de los recursos de la seguridad social, y trabó el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100 mil pesos, informó hoy la AFIP.
La decisión judicial se dio en el marco de una causa iniciada por el ente recaudador, que detectó la maniobra delictiva.
El organismo detalló que a partir del relevamiento de dos obras en construcción realizadas por VLQ y RAGHSA, los agentes de la AFIP relevaron a 256 trabajadores, que cobraban parte de sus salarios de 2.700 pesos "en negro".
A su vez, detectaron que algunos obreros facturaban a la constructora como monotributistas, encubriendo así una relación laboral bajo dependencia.
Además, la firma tenía trabajadores sin registrar y faltantes de los aportes jubilatorios correspondientes a los períodos enero a marzo 2009, agosto 2009, octubre 2009, diciembre 2009, enero 2010, junio 2010, julio 2010 y septiembre 2010, alcanzando una suma total de 664.858 pesos, detalló la AFIP, en un comunicado.
En la investigación, se verificó la subcontratación y tercerización de la titular y desarrolladora de las obras fiscalizadas, RAGHSA, a favor de empresas de menor solvencia, en este caso VLQ, que es la responsable de la evasión de las cargas sociales de los empleados, de acuerdo con la información oficial.
Las constructoras involucradas son firmas de primera línea, que construyeron los complejos Le Parc, tanto en Punta del Este, como en Puerto Madero, Palermo y el de Avenida Figueroa Alcorta, entre otras 800 propiedades registradas.
La Cámara concluyó "que la Seguridad Social no es un negocio y por ende está fuera de los criterios empresariales de la persecución de lucro y la obtención de utilidades", puesto que el responsable de la firma había alegado que "no tuvo la intención de usufructuar el dinero retenido, en tanto la demora en el ingreso de los aportes fue de escasos días."
El perjuicio fiscal por los pagos en negro asciende al menos a 2,8 millones de pesos, en aportes y contribuciones a la Seguridad Social, que no fueron ingresados durante los periodos fiscales junio de 2011 a septiembre de 2012, puntualizó la AFIP.
Por cometer el delito de evasión de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, por un monto tan relevante como es el caso, la Ley establece una pena mínima de prisión de 3 años y medio hasta un máximo de 9 años.
Fuente: NA
