La CAC le pidió a Abad que no sea obligatorio operar con tarjetas de crédito y débito
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, se reunió con el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, a quien le planteó varias inquietudes del sector, como la obligatoriedad para operar con tarjetas de crédito y débito.
El dirigente mercantil explicó al titular de la AFIP que la oposición del sector a la obligación de operar con tarjetas de crédito y débito se debe al alto costo que representa para las empresas contar con ese medio de pago a partir del nivel de los aranceles y el diferimiento para cobrar las ventas, indicó la entidad en un comunicado.
La CAC considera que las empresas y los locales comerciales deben tener libertad para elegir los medios de cobranza a sus clientes en función de sus posibilidades aunque reconocen la importancia de la bancarización de la actividad.
El tema ya fue planteado en una reciente reunión con autoridades de la Secretaría de Comercio a quienes los dirigentes expresaron la necesidad de bajar el costo de la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, del servicio de tarjetas de crédito y de generar un mercado competitivo en la obtención de equipos tecnológicos como los Posnet.
Al respecto, reseñaron que la oferta del servicio de Posnet está limitada en la actualidad a dos prestadores, por lo que, en caso de estipularse su obligatoriedad, pidieron la desregulación del sector para que haya más competencia en este servicio.
Por otro lado, De la Vega solicitó que, ante un eventual disposición para reemplazar controladores fiscales, esta medida sea gradual y por sectores.
El empresario, quien acudió a la reunión con otros miembros de la cámara, resaltó la necesidad de “racionalizar los sistemas de información por el esfuerzo que demandan a los contribuyentes su cumplimiento y la actualización de los importes fijos incluidos en normas de la AFIP dictadas hace años”.
Por último, los dirigentes solicitaron la actualización del monto de caracterización de las pymes, congelado en 48 millones, para gozar de los beneficios dispuestos por el Decreto 814/01 y modificatorios, que permite a las empresas compensar con el IVA un porcentaje de las cargas sociales.
Fuente: Télam
