La Corte Suprema reclamó medidas contra el narcotráfico

En sintonía con el reciente reclamo de los obispos, la Corte Suprema de Justicia le reiteró al Ejecutivo nacional y al Consejo de la Magistratura que se arbitren en modo urgente las sugerencias que plantearon los jueces federales de Salta, Jujuy y Tucumán para enfrentar el avance del narcotráfico en el país.

La Corte ya había planteado su inquietud el 31 de octubre tanto al Gobierno como al estamento judicial, pero al no recibir respuesta alguna reiteró su reclamo. En los argumentos que integran la resolución del máximo tribunal se mencionó la “extrema gravedad de las circunstancias denunciadas” por los magistrados sobre el aumento del tráfico de drogas en esas provincias.

Los siete jueces de la Corte firmaron el documento que se envió al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad para que “arbitren de modo urgente las medidas sugeridas” en virtud de los planteos de los jueces que por escrito manifestaron en detalle sus argumentos.

A fines del mes pasado los jueces de la Cámara Federal de Salta –con jurisdicción sobre Jujuy–, Jorge Villada y Roberto Loutayf Ranea, y los magistrados federales de Tucumán, Daniel Bejas y Fernando Poviña, le hicieron llegar a la Corte un diagnóstico de la situación del narcotráfico y propuestas para combatirlo.

Con pocas horas de diferencia el reclamo de la Corte se complementó con el reclamo del Episcopado, que luego de la última reunión de los obispos también hizo fuerte hincapié en el tráfico de drogas como flagelo social en varias zonas del país.

En efecto, también la Corte remarcó que la provincia de Salta es una zona de frontera desprotegida y “sin controles suficientes” como lo exige su amplia geografía. La observación de los jueces también remarca que existe un fenómeno “poblacional”, en el cual describieron que hay miles de personas que se están “radicando” en esa zona, cuyas ocupaciones son “el tráfico de estupefacientes, el contrabando y otra actividades ilícitas”.

Los jueces federales además hicieron foco en la trata de personas, uno de los problemas que el Gobierno, en abierta ofensiva, enfocó como cuestión central y vinculado con el pleno ejercicio de los derechos humamos.

Dentro de ese espectro resaltan que el narcotráfico es la base de una serie de “delitos conexos” que se incrementan con el paso del tiempo y entre los cuales la trata es otro de los ejes preocupantes por el impacto social que representa en esa franja poblacional.

La Cámara de Salta advirtió que las causas por drogas crecieron un 84,64% de 2005 a 2012, mientras que los jueces de Tucumán coincidieron en que las causas por tráfico de estupefacientes crecieron en forma “alarmante” en los últimos diez años por esa región y hacia el centro y sur del país. A la hora de enunciar los escollos para una ofensiva y la labor de prevención describieron la falta de personal de fuerzas de seguridad y de organismos nacionales en las fronteras como principales factores.En Tucumán, aseveraron que el área operativa de Inteligencia en Drogas y Crimen Organizado de la Policía Federal en esa provincia tiene sólo cuatro miembros, y “es indispensable reforzar esa dotación” enfatizaron.

“La Presidenta ya ordenó lucha frontal contra ese delito”

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, defendió la tarea del Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que las que las fronteras de la Argentina "están bien cuidadas". Como contrapartida, cuestionó la labor frente al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.

"Hay resultados muy importantes, en lo que va del año hemos detenido 5.700 narcotraficantes, no consumidores, gente que se dedica a la producción, fraccionalización y comercialización de droga. El año pasado, detuvimos 7.200 narcotraficantes", dijo Berni.

El titular de Seguridad consideró que la actividad del Ejecutivo es "muy activa" en es problemática y recordó que la presidenta Cristina Kirchner le ordenó una "lucha frontal" contra este delito.

Berni consideró que muchos recalcan el uso de radares y la custodia de las fronteras como ejes fundamentales pero en contraste citó el caso de Estados Unidos y recalcó que “el 80% de la producción de cocaína es consumida allí".

Fuente: BAE