La Justicia le pide a la Anses que justifique por qué debe liquidar el FGS para pagar a jubilados
El Gobierno enfrentará en las próximas semanas un nuevo escollo en la justicia después del rechazo de la Corte al tarifazo de servicios, y que puede jaquear la aplicación de varios puntos de la ley de reparación histórica de jubilados y podría impedir que el Estado liquide mas de $90.000 millones del FGS con lo que pretende pagar juicios pendientes. El jueves pasado la Anses fue emplazada por la Justicia para responder al requerimiento planteado en torno a la objeción que presentó el doctor Miguel Fernández Pastor, ex funcionario de esa administración para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 28, 33, 34 y 95. La demanda no objeta el pago de sentencias y retroactivos a jubilados que constituye la esencia de la norma y ya tuvo curso prima facie ante la Justicia.
El objetivo de Fernández Pastor, al cual adhieren abogados previsionales, laboralistas y dirigentes sindicales es poner a resguardo el contenido del Fondo Garantía de Sustentabilidad (FGS), en la primera porción, respecto a más de 90.000 millones de pesos en acciones que constituyen el tesoro más preciado del sistema jubilatorio en vigencia. “La probable venta de activos del FGS, donde las tenencias liquidables ascenderían a acciones por $92,750 millones y parte de diversas disponibilidades por $33,000 millones”, remarcaron expertos previsionales.
Sucede que el FGS en toda su magnitud, respecto de acciones, títulos públicos y otros valores negociables, conforma un flujo que es una vez y media las reservas del Banco Central. El juez federal Juan Fantini, a cargo del Juzgado de la Seguridad Social N° 6, habilitó el tratamiento de un pedido de amparo y una medida cautelar que buscan impedir la venta de activos FGS. En su escrito Fernández Pastor solicitó que se declare la inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley ómnibus de pago a jubilados y blanqueo de capitales que se aprobó a fines de junio. “En verdad hay que esperar todavía, el miércoles por la mañana se cumplirá el primer plazo que tiene la Anses para responder la requisitoria del juez. Pero somos moderadamente optimistas”, refrendó Fernández Pastor a BAE Negocios, admitiendo incluso que en los primeros pasos de la elaboración del amparo, consideraban que la única alternativa “viable”, se encontraría con algo de vientos favorables, en los tribunales internacionales. Gestión que, va de suyo, imprimiría mucha menos celeridad a cualquier reclamo.
Detrás, casi en simultáneo a la decisión de la Corte Suprema contra el tarifazo de gas, la decisión de Fantini también se conoció en el ámbito tribunalicio. Con directivas precisas, el juez le otorgó tres días al organismo previsional para responder al reclamo de la medida cautelar y otras diez jornadas para responder al respecto del amparo.
Cumplidas todas esas diligencias por parte de la Anses, la primera con fecha de vencimiento para el miércoles, el juez resolverá si concede o rechaza las medidas demandadas.
La acción que motorizó Fernández Pastor es la primera reacción concreta en terreno judicial respecto a la Reparación Histórica de los Jubilados. El ex funcionario reitera que se trata de poner al resguardo la liquidación de activos “que preservan la liquidación de los activos que garantizan la dinámica y continuidad del sistema jubilatorio y de reparto” que regresó a la vigencia tras los años donde las AFJP “reinaron”, en materia previsional, a su gusto tiempo y forma.
Fernández Pastor a su vez compartió el modelo de amparo con muchísimos interesados que tomaron contacto con él, a partir de la difusión pública de su accionar, ya sea por este medio o en entrevistas como se le efectuaron en Radio del Plata.
Como el laboralista Luis Roa, hay una considerable porción de letrados especialistas en laboral que consideran que la Reparación Histórica, solo “incrementará” la litigiosidad previsional a contrario de lo que estima el Gobierno. “Hoy no hay tal estado de emergencia”, respecto de los litigios previsionales explicó Fernández Pastor cuestionando la norma aprobada, pero aclarando que su acción no apunta a cercenar la potestad de quienes adhieran a pactar con la Anses.
Fuente: Diario BAE
