ECONOMÍA

La Justicia ordenó proveer de combustibles a Jujuy

La Cámara Federal de Salta ordenó a la Subsecretaría de Combustible de la Nación que garantice la provisión de naftas y gas oil en cantidad suficiente y regular a la provincia de Jujuy.

La decisión de la Justicia fue anunciada durante la tarde de ayer por legisladores nacionales de la UDESO, que promovieron la acción judicial para preservar los derechos de los usuarios y consumidores de Jujuy y poner término a los importantes perjuicios que viene generando la escasez de combustibles en este distrito.

El senador Gerardo Morales aseguró que los legisladores del radicalismo que promovieron la demanda se abocarán ahora a exigir el cumplimiento efectivo de la disposición judicial de la Cámara Federal de Salta, que integran Renato Rabbi Baldi, Roberto Loutayf y Jorge Luis Villada.

Morales anticipó que insistirán con un pedido efectuado a la Justicia Federal, a los efectos de que se aplique una multa a los funcionarios nacionales que incumplan con la disposición judicial, en caso de que no efectivicen la provisión habitual de combustible en todas las expendedoras ubicadas en el territorio jujeño.

Además, Morales criticó la política energética del kirchnerismo, al considerar que "la presidenta Cristina Fernández se agravia y se queja porque el Gobierno Nacional ha tenido que gastar alrededor de 9 mil millones de pesos en la importación de combustible". "Habría que recordarle a la mandataria que desde hace ocho años su partido gobierna el país", manifestó.

El senador interpretó que la crisis energética tiene que ver con "la ausencia de una política clara que ha permitido una ostensible reducción de la reservas y que no ha garantizado que en el sector de hidrocarburos se realicen las inversiones necesarias para incrementar la exploración y garantizar el combustible suficiente en el país".

La medida judicial llegó a la Cámara de Salta, tras la apelación interpuesta por el Estado Nacional al conocer la decisión de un juez de primera instancia de Jujuy que obligaba a garantizar la provisión de combustible. Los argumentos planteados por el Estado Nacional fueron desestimados por la Cámara Federal.