POLÍTICA ECONÓMICA
La Legislatura de Corrientes se suma a la "denuncia" del Pacto Fiscal
La Cámara de Diputados de Corrientes convirtió en ley la "denuncia" del Pacto Fiscal firmado en 1992 con la Nación, de forma tal que el gobierno provincial reclamará a la Nación el cese de la retención del 15 por ciento de los fondos coparticipable que se destinan a la Anses.
El gobierno del radical Ricardo Colombi quedó así en condiciones de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para presentar su reclamo, en caso de que la administración central no atienda su pedido.
La sanción de la norma despertó una fuerte polémica entre el interbloque del oficialismo y la oposición kirhnerista, pero terminó primando la postura del radicalismo.
El acuerdo cuestionado fue rubricado el 12 de agosto de 1992 entre el gobierno nacional y los estados provinciales, y luego ratificado por Ley 24.130.
Los legisladores del radicalismo correntino consideraron que el Pacto Fiscal cayó en 2008, cuando se estatizaron las AFJP, puesto que esta normativa fue concebida para financiar el sistema previsional, tras la privatización del sistema.
La ley, sancionada anoche por la Cámara de Diputados de Corrientes, habilita al Estado provincial a reclamar al gobierno de Cristina Fernández unos 3.500 millones de pesos, suma que fue retenida desde 2008 en concepto de "precoparticipación" para financiar a la Anses.
Durante el debate, los diputados del oficialismo local consideraron que la "denuncia" del Pacto Fiscal es una manera de "defender el federalismo", al tiempo que abre una posibilidad de que los fondos retenidos por la administración central sean destinados en un 30 por ciento a la construcción de viviendas, un 55 por ciento a rentas generales y un 15 por ciento para el instituto de Previsión Social de esta provincia, dijeron.
En cambio, el diputado Carlos Rubín, miembro de la bancada del PJ, calificó la norma de "aventura jurídica" y planteó la imposibilidad de "rescindir unilateralmente un contrato firmado y avalado por la Legislatura, sin haber incumplimiento de algunas de las partes". La ley sancionada anoche faculta al Ejecutivo correntino a iniciar acciones ante la Corte Suprema si el gobierno nacional no acepta devolver los fondos.
Asimismo, la norma habilitó la posibilidad de conformar un frente de reclamo en forma conjunta con los Estados de Santa Fe, Córdoba y San Luis, que también exigen el cese de estas retenciones.
