La Presidenta llamó al Gobierno de España para transmitir tranquilidad

Al mediodía de ayer, cuando la Bolsa de Madrid profundizaba una caída a esa altura inevitable, generada por la decisión del gobierno argentino de dar fin al sistema de AFJP, la presidenta Cristina Kirchner tomó el teléfono y se comunicó con Trinidad Jiménez, la secretaria de Estado para Iberoamérica de España, tal vez su mejor contacto en el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero: “Quiero garantizarte que esta medida no implica nuevas estatizaciones. Es sólo un cambio en el sistema de jubilaciones. El Gobierno no va a ingresar en las empresas españolas”, intentó tranquilizar la mandataria, según confirmaron a Crítica de la Argentina fuentes de su entorno inmediato.

Los empresarios ibéricos con intereses en la Argentina habían entrado en pánico: temen que el kirchnerismo intente ocupar espacios de poder en los directorios de las empresas españolas que tenían buena parte de sus acciones en manos de AFJP, ahora traspasadas al control estatal, como ocurre en el caso de varias megacompañías: el banco BBVA, Gas Natural Ban, Telefónica y el Banco Santander, entre otras y con matices particulares en cada caso. “Las acciones que tenían las AFJP en esas empresas sólo permiten tener posiciones para negociar o esperar la rentabilidad para cobrar dividendos, nada más”, explicó a este diario un ministro que pidió no ser identificado. Hasta ahora, el Gobierno no informó de manera oficial nada sobre ese tema. Otro miedo de los inversores, según lo hicieron llegar a la Casa Rosada, es que la ANSES inicie una venta masiva de acciones, lo que derrumbaría su cotización en los mercados. El llamado de Cristina a Jiménez fue para despejar cualquier duda también en ese sentido.

Un par de horas más tarde de realizada esa comunicación y por pedido de la Presidenta y de Néstor Kirchner, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se entrevistó con la cúpula de las dos empresas de capitales españoles más poderosas del país. El funcionario recibió primero en su despacho al presidente del Grupo Telefónica en el país, Eduardo Caride, y al director general de Relaciones Institucionales del Grupo en España, José Luis Rodríguez Zarco. (LA NACIÓN)