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La Procuración General pide confirmar multas a los controlantes de Telecom
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia en la que pidió confirmar multas por más de 240 millones de pesos, aplicadas a Telefónica y otras empresas por no informar su control sobre Telecom.
El dictamen recuerda que entre abril y octubre de 2007 se negoció y suscribió un acuerdo, por el cual un grupo de sociedades europeas constituyó la sociedad Telco SpA.
Esas firmas pasaron así a ser accionistas en las siguientes proporciones: Telefónica SA adquirió el 42,3% del capital accionario; Assicurazioni Generali SpA, 28%; Sintonia SA, 8,4%; Intesa San Paolo SpA, 10,6%; y Mediobanca SpA, 10,6%.
Luego, a través de Telco SpA, adquirieron cerca de 24% de las acciones con derecho a voto de Telecom Italia SpA.
Conocida la noticia en la prensa argentina a comienzos de mayo de 2007, se inició una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
La operación implicaba que Telefónica -empresa controlante de uno de los dos actores dominantes del mercado local de telecomunicaciones (Telefónica de Argentina SA)- adquiriera acciones de la controlante del otro de los actores dominantes(Telecom Argentina SA, de la que Telecom Italia es, indirectamente, uno de los accionistas principales).
La investigación tuvo por objeto determinar si la operación configuraba una concentración económica de las que exigen el control previo de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156).
Tras esa actuación, la CNDC entendió que Telco SpA había sido constituida con el propósito de controlar Telecom Italia, y que Telefónica SA tenía influencia sustancial sobre Telco SpA, en los términos de la ley de Defensa de la Competencia.
Por ello, y dado el volumen de negocios de ambas telefónicas, la Comisión concluyó que la operación debió haber sido notificada y sometida al procedimiento de control previo, de acuerdo con las normas previstas en la ley 25.156.
Entre el 15 de enero y el 9 de marzo de 2009 las seis empresas involucradas en la "Operación Telco" notificaron la transacción, que luego de varias incidencias fue finalmente autorizada, aunque subordinada al cumplimiento de ciertas condiciones.
La causa en la que intervino la Procuradora General versaba sobre una de esas incidencias: la imposición de multas por la omisión de notificar en tiempo y forma la "Operación Telco".
El entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, concluyó que las seis empresas involucradas habían incumplido su deber de notificar la operación dentro del plazo legalmente previsto, ya que recién dieron noticia más de un año después y tras haber sido intimadas por la CNDC.
Se aplicaron entonces multas de 104,6 millones de pesos a Telefónica SA; 43,1 millones a Azicurazioni Generali; 35,5 millones a Pirelli; 17,6 millones a Intesa San Paolo; 17,4 millones a Mediobanca y 17,2 millones a Sintonia.
Fuente: Télam
