La SRA pidió habilitar la feria judicial para evitar el desalojo

La Sociedad Rural Argentina (SRA) sigue apostando a quedarse con el predio de Palermo en el que hace su exposición todos los años y por el que aún adeuda parte de los 30 millones de dólares por los que se lo vendió el menemismo.

La entidad hizo ayer una serie acciones: presentó una apelación para conseguir una medida cautelar que anule el decreto con el que el gobierno tomo el control del predio y publicó una solicitada en distintos diarios. Allí, reprodujo una opinión del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) del año 2005, que a criterio de la entidad avala la transacción.

En ese marco, el presidente de la SRA, Martín Etchevehere, sostuvo que "el decreto que anula la venta es una aberración jurídica". Desde el oficialismo le contestó la diputada Diana Conti: "El pago de un precio vil por una propiedad no le puede dar seguridad jurídica a nadie", dijo a Tiempo Argentino. El último capítulo de esta historia comenzó el pasado 19 de diciembre. Ese día el gobierno nacional decidió expropiar el predio del Parque Tres de Febrero, de Palermo, más conocido como La Rural. Lo hizo con el Decreto 2552, que entre otras cosas se amparó en "los vicios" que tuvo la transferencia original, realizada en 1991 durante el mandato del ex presidente Carlos Menem. Con la excepción del ex presidente, todos los funcionarios que participaron de esa operación, Domingo Cavallo entre ellos, se encuentran procesados por el hecho.

Volviendo al reclamo de la entidad ruralista, luego del decreto de anulación de la venta, la SRA solicitó en la justicia una medida cautelar para que el Ejecutivo no pueda efectivizar el desalojo, que debería producirse antes del 20 de este mes. Ese reclamo quedó en manos de la jueza federal en lo Civil y Comercial Silvina Bracamonte. La semana pasada, Bracamonte desestimó el pedido. Ayer la entidad apeló el fallo y la solicitud pasó en la Cámara Civil y Comercial Federal, la misma que el seis de diciembre pasado decidió prorrogar la cautelar del Grupo Clarín por la Ley de Medios. Desde el tribunal remarcaron que se estaba "estudiando el pedido" que llevó la institución agraria.

En sus declaraciones, Etchevehere sostuvo también que el precio que se pactó en la transacción se debió a las limitaciones para la acción comercial en el lugar. (Como se dijo, se pagaron 30 millones de dólares por un predio de 120 mil metros cuadrados en uno de los barrios más caros de la Ciudad). De todos modos, Etchevere remarcó: "Allí no se puede hacer cualquier cosa", debido a la imposibilidad de generar un emprendimiento inmobiliario sin la autorización de la Legislatura porteña, y a que la venta del año ’91 se realizó con un fin específico. "Acá tenemos que respaldarnos en la seguridad jurídica, ya que la persona jurídica que vendió el inmueble es la misma que ahora lo expropia, el Estado –subrayó el ruralista–. Por eso el decreto anulando la operación es una aberración jurídica".

Estas declaraciones, al igual que la presentación en la justicia, fueron acompañadas por la solicitada que la entidad publicó en distintos diarios. Allí se mostró un documento firmado por Fernando Miguel Suárez, quien dirigía la Onabe en 2005, y que justifica el precio que se pagó en 1991 por "los cargos y las restricciones impuestas al adquiriente".

La postura del oficialismo frente a estas nuevas acciones de la entidad agraria fue la de bajarle el volumen a la discusión. Este diario consultó a distintas fuentes del Ministerio de Agricultura sobre las declaraciones y del presidente de la SRA. Ninguna quiso pronunciarse. "Lo que teníamos para decir ya lo dijimos", remarcó un funcionario que trabaja junto al titular de Agricultura, Norberto Yauhar. La diputada Conti, que también fue muy escueta para referirse al tema, sólo remarcó que "el pago de un precio vil por una propiedad vendida por decreto jamás le puede dar seguridad jurídica a nadie". Y remató: "la recuperación del predio era una deuda de la democracia".

Proyecto similar en concordia

El legislador de Entre Ríos Enrique Cresto (Movimiento de Unidad Peronista Enterriano) presentó un proyecto de ley que insta a la expropiación de las tierras que la Sociedad Rural Argentina posee en la ciudad de Concordia.

El terreno se encuentra ubicado en la planta 5 de Concordia, localizado en Ruta Nacional Nº 14 sin número, y registrado a nombre de Sociedad Rural local. Su superficie total es de casi 50 mil metros cuadrados.

El legislador propuso la expropiación para ampliar el Parque Industrial local, y, además, lograr que la ciudad resulte beneficiada por la ley de promoción industrial promovida por el Poder Ejecutivo Nacional.

"La expropiación directa no es el primer paso, sino que lo que se busca es agotar todas las instancias; más allá de que se declare de interés público, la idea es hablar con los propietarios y ver de qué forma se puede llegar a un acuerdo", argumentó.

Fuente: Tiempo Argentino