La UIF busca ser querellante en causa por apropiación de bienes

La Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó a finales de diciembre último al juez federal Sergio Torres ser tenida como querellante en la causa en la que investiga el desapoderamiento de bienes a detenidos-desaparecidos en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El organismo presidido por José Sbatella, además, requirió el embargo preventivo y la inhibición general de las propiedades de varios de los imputados en la causa, entre los que figuran los ex oficiales navales Jorge Acosta, Jorge Radice y Miguel Ángel Cavallo, por entender que se continúa cometiendo el delito de lavado de activos.

Según informes aportados por la UIF, se pudo determinar que parte de esos inmuebles siguen en poder de familiares de los represores, con lo que se estaría dando la “apariencia legítima” a la posesión de bienes obtenidos de manera ilegal en el marco de delitos de lesa humanidad. Fue ante esa situación que el organismo le solicitó a Torres ser parte querellante en la causa.

La UIF corroboró que los integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 que operó en la ESMA ideó un plan sistemático con la intención de apoderarse de manera ilegal de las propiedades muebles e inmuebles de los detenidos, las que pasarían a poder de testaferros, entre los que figuran la hermana y la pareja de Radice.

En el sótano del centro clandestino funcionó una imprenta donde se confeccionaba todo tipo de documentación apócrifa necesaria para llevar a cabo la transferencia de los dominios.

El organismo detectó además la creación de nueve sociedades integradas por los represores y sus familiares directos, sostenidas a través de capitales o préstamos conseguidos mediante empresas radicadas en el exterior, algunas de las cuales eran representadas por los propios imputados.

Según el escrito presentado por la UIF ante el Juzgado Federal Nº 12, “siendo los delitos de lesa humanidad imprescriptibles, su persecución obliga a ampliar el marco de la investigación respecto del recorrido de los bienes apropiados” y advierte que dicha búsqueda debe ser realizada, “ya sea que se mantengan en el patrimonio de los imputados o de sus familias, o que hayan sido liquidados para darle apariencia de licitud al dinero obtenido”.

“Para nosotros, y a través de la ley de lavado, estos hechos son pasibles del delito de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles; esa imprescriptibilidad nos permite acusar a los imputados por lavado y el decomiso de esos bienes”, señaló al ser consultado por BAE Negocios José Sbatella, titular de la UIF, quien agregó que “estas empresas son las ‘Odessas’ argentinas que permitieron, como en el caso de Jorge Vildoza, el estar veinte años prófugo, seguramente financiado por esas sociedades anónimas”.

El funcionario nacional agregó que “el Estado argentino está obligado a indemnizar a los detenidos-desaparecidos y lo absurdo es que los bienes siguen en poder de los apropiadores”, por lo que estas medidas “le permitirían al Estado y a los damnificados, o a sus familiares, recuperar los bienes y terminar con el poder económico de esas personas”, concluyó.

Fuente: BAE