La UIF pidió que se investigue si la tranferencia de un banco es lavado de bienes apropiados en la dictadura

La Unidad de Información Financiera pidió ser considerada parte querellante en la causa por crímenes de lesa humanidad contra el ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura, Alejandro Reynal, a raíz de una presunta operación de lavado de dinero de bienes desapoderados durante el Terrorismo de Estado.

El organismo solicitó durante la semana anterior, además, en un escrito presentado en el juzgado a cargo de María Romilda Servini de Cubría el embargo preventivo de todos los bienes de Reynal y también una investigación de los actores y los fondos involucrados en la transferencia de Merchant Bankers Asociados (MBA Lazard), el banco que Reynal vendió a una financiera santafesina encabezada por el empresario Walter Grenon el año pasado, transferencia que el BCRA autorizó el 31 de enero último.

La causa en la que la UIF pide ser parte ya cuenta con el patrocinio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como coquerellante, a través de un escrito redactado por su entonces titular, Eduardo Luis Duhalde y se originó con la denuncia de Eduardo Saiegh contra Reynal y el ya fallecido ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.

Saiegh denunció la autoliquidación extorsiva de su Banco Latinoamericano (BLA) y el secuestro y torturas a los que fue sometido en octubre de 1980, en la División Bancos que la Policía Federal posee en el Banco Nación y en el Departamento Central, para que se autoinculpara y permitiese la intervención del Central y su liquidación.

La UIF fundamenta en el escrito presentado con la firma de su titular, José Sbatella, su petición de que se investigue si hubo lavado de activos diciendo que Reynal, junto a Héctor Cereda y Alejandro Ianibelli, “se habrían apropiado de los bienes pertenecientes al BLA y podrían actualmente administrar y/o poseer el producido de los mismos con el fin de darle apariencia de licitud, cuando su origen resulta ilícito”.

“Lo que aquí se busca, es modificar la titularidad mediante cualquier forma de transmisión para distanciarlos de su origen, lo que también resulta habitual en las maniobras de lavado”, agrega la presentación de la UIF.

Sbatella indicó a Télam que el objetivo de la presentación de la UIF es “evitar el lavado y que los bienes apropiados mediante crímenes de lesa humanidad vuelvan a sus dueños para evitar la dinámica de que el Estado indemnice y los autores de los crímenes o sus herederos se queden el producto del ilícito que cometieron”.

La UIF, dice Sbatella, entiende que “como fruto de un delito de lesa humanidad, estos hechos son imprescriptibles y por lo tanto quien usufructúa bienes incurre en lavado o autolavado, y corresponde el decomiso”.

Alejandro Reynal era vicepresidente del BCRA cuando su primo William era presidente de Austral y la compañía aérea, al borde de la quiebra, fue estatizada mediante un decreto que se tramitó en apenas 48 horas.

El único acreedor privado de Austral era precisamente el Banco Latinoamericano, en cuya bóveda se encontraban caucionadas acciones por siete millones de dólares, para garantizar un crédito.

Durante el cautiverio de Saiegh, Alejandro Reynal citó al presidente del BLA, Jorge Alberto Shaw, y al vice segundo, Bernardo Grispun -luego ministro de Economía de Raúl Alfonsín- para exigirles el desplazamiento de Saiegh del directorio.

Si bien esto último fue rechazado, bajo amenaza fueron obligados a firmar un pedido de autoliquidación de la entidad, tras lo cual las acciones caucionadas de Austral fueron retiradas del BLA para “perfeccionar” el decreto.

Esto hizo que los propietarios de Austral, entre otros, además de William Reynal figuraban Miguel Reynal, Eduardo Braun Castillo, Roberto Servente, Alfredo Raca, Guillermo Losteau Heguy,

le transfirieran al Estado la deuda por más de 250 millones de dólares, junto con la compañía quebrada y no debiesen cancelar los siete millones de dólares garantizados con las acciones caucionados en el BLA.

En 1990, la Procuración Nacional del Tesoro dictaminó la invalidez de la liquidación del BLA y la necesidad de que el BCRA revocara el acto, lo cual obliga a una reparación que aún no se efectivizó.

El escrito presentado por la UIF requiere explícitamente “investigar si uno de los mecanismos para dar apariencia de licitud a aquellos bienes apropiados habría sido la creación del banco MBA de propiedad de Alejandro Reynal. Es decir, debería determinarse si el MBA habría sido constituido para poder canalizar hacia el exterior los fondos que se extraían ilegalmente mediante la liquidación de diversas entidades financieras, entre las que se encuentra el Banco Latinoamericano”.

“Abonando esa sospecha -sigue el escrito- debe indicarse que Alejandro Reynal es uno de los 469 sujetos que Hernán Arbizu denunció haber tenido como cliente argentino del JP Morgan, para quienes, señaló, efectuaba maniobras de lavado de dinero”, en su declaración autoinculpatoria ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, añade la UIF.

Fuente: Télam