La UIF responderá a la solicitud del juez Torres en la causa Arbizu

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del combate y prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, brindará a la justicia una serie de elementos de prueba en el marco de la investigación por presuntas maniobras delictivas llevadas a cabo por 469 firmas a través de banco estadounidense JP Morgan Chase.

Entre las medidas requeridas por Sergio Torres, titular del Juzgado Correccional y Criminal Federal 12, se destacan un pedido de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la propia UIF.

Cabe recordar que la causa se inició en 2008 a partir de las denuncias presentadas por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autoimputó como integrante de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otros delitos económicos. La fuga de divisas, según Arbizu, alcanzaría los U$S 5000 millones, a través de una ingeniería financiera ilegal donde cobra protagonismo la utilización de paraísos fiscales.

A finales del mes pasado y tras una prolongada inacción, Torres le dio nuevo impulso a la causa. El magistrado solicitó a la cancillería argentina que agilice los trámites para obtener respuestas por parte de la justicia de Estados Unidos sobre el presunto lavado de dinero en cuentas del JP Morgan Chase sucursal Buenos Aires y JP Morgan Chase SA, al tiempo que dispuso librar un exhorto diplomático a Berna, Suiza, a fin de que un juez competente de esa ciudad informe sobre la titularidad de un conjunto de cuentas bancarias y sus titulares. También le pidió a la UIF que solicite a sus pares de Suiza y Estados Unidos información sobre el listado de 469 individuos y empresas que supuestamente poseen cuentas en esos países "y se indiquen sus saldos". Quince de esas sociedades existentes en el listado están vinculadas a directivos del Grupo Clarín. Otros nombres relevantes corresponden a Eduardo Constantini y familiares, al ex titular del banco HSBC, Enrique Ruete Aguirre, a la sociedad Nordelta, la compañía Embotelladora Andina y a Pampa Holding SA, entre otros.

Una semana antes de ese pedido de pruebas, la UIF había presentado un escrito ante Torres para expresar "preocupación ante el estado de paralización" de la causa. De hecho, el organismo que preside José Sbatella recién logró en julio del año pasado ser aceptado como querellante en el proceso judicial. Un fallo de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional, a cargo de Horacio Cattani, Martín Irurzún y Eduardo Farah, revirtió la decisión de primera instancia del juez Torres, quien había denegado la admisión de la UIF en dos oportunidades.

"Hace ya más de cuatro años de su inicio y aún no se evidenciaron avances en la investigación: no se tomaron medidas de prueba a fin de determinar la existencia del hecho, no fue inventariada ni sometida a peritaje la documentación ni las computadoras secuestradas en los allanamientos, no se dispusieron embargos ni medidas precautorias", señaló la UIF a través de un comunicado de prensa.

Fuente: Tiempo Argentino