La infanta Cristina volvió a ser imputada por corrupción
La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, volvió a ser imputada en el caso de corrupción en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarín, y se enfrenta por segunda vez a la posibilidad de ser juzgada, un hecho inédito para un integrante de la familia real en la historia democrática de España.
La hija del monarca fue acusada de un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, penados con hasta seis años y cinco de prisión respectivamente, que habría cometido como copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte con Urdangarín, y a la que se desviaron más de un millón de euros públicos de los apropiados por el Instituto Nóos.
El juez del caso, José Castro, citó a la infanta Cristina a declarar el próximo sábado 8 de marzo a las 10 horas en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se instruye la investigación, según informa en un escrito de 227 páginas.
En los últimos ocho meses el magistrado estuvo centrado en investigar la actividad tributaria y financiera de la hija menor del rey después de que la Audiencia provincial bloqueó su primera imputación.
En abril, Castro encontró 14 indicios de la presunta complicidad o colaboración necesaria de Cristina de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido, pero el tribunal provincial, instancia de apelación, levantó la imputación aunque dejó abierta la puerta a que sea investigada por fraude fiscal y blanqueo.
Tras rastrear sus cuentas, tarjetas, gastos, propiedades y declaraciones fiscales, el magistrado certificó que la infanta cargó a Aizoon gastos personales y que la contabilidad de la sociedad, que anteriormente ya había calificado de "instrumental", dista de ajustarse a la realidad.
Asimismo, de los primeros detalles que se conocieron del escrito de procesamiento, Castro sostiene que los Duques de Palma no tributaron por los supuestos ingresos procedentes de los dividendos de la sociedad.
La Fiscalía Anticorrupción se opone al criterio del juez, por lo que es previsible que vuelva a apelar su decisión de imputar a la infanta.
Desde finales de 2011, Casto investiga a Urdangarín y su ex socio Diego Torres por el uso de la Fundación Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro, para apropiarse indebidamente de cerca de seis millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano.
Posteriormente, el magistrado imputó al secretario de las infantas Carlos García Revenga, y acusó al yerno del rey y su ex socio por evasión fiscal, y finalmente también imputó a la infanta Cristina, de 46 años.
La imputación de Urdangarín y la posterior implicación de la infanta sacudió a la monarquía española en un momento en el que España sigue atravesando una crisis económica y política, agudizada por el desprestigio de sus dirigentes, que aplican políticas antipopulares de ajuste y están salpicados por casos de corrupción.
Una encuesta publicada el fin de semana por el diario El Mundo revela que los españoles rechazan de forma abrumadora a los Duques de Palma (Urdangarín 93% y Cristina 64,8%); y critican a la Casa del Rey por la gestión de la crisis por el caso de corrupción Nóos (83,4%). Además, un 90% de los ciudadanos también consideran que la justicia no es igual para todos.
El caso Nóos está haciendo gran daño a la institución monárquica ya que en el último año el reinado del rey Juan Carlos perdió nueve puntos de apoyo (cuenta con el 41,3%), mientras creció en 17 puntos el porcentaje de españoles que piden su abdicación (62%).
Fuente: Télam
