La justicia le prohibió al PRO usar el 0800 para denunciar militantes

El gobierno porteño no podrá tener una línea gratuita y pública para recibir denuncias sobre presuntas actividades políticas en las escuelas de la Ciudad. El 0800 habilitado con ese objetivo sólo podrá funcionar para procesar información sobre delitos concretos que, si ocurrieran, deberán ser denunciados ante la justicia penal por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich.

La decisión forma parte de una medida cautelar que firmó ayer la jueza Elena Liberatori de Aramburu, titular del cuarto juzgado contencioso, administrativo y tributario del Poder Judicial porteño, que interviene desde hace un mes, cuando el jefe de la cartera educativa decidió lanzar el 0800-444-2400, para recibir denuncias sobre presuntas "actividades políticas en escuelas públicas", realizadas por la agrupación La Cámpora, rama juvenil del Frente para la Victoria.

La orden de Liberatori fue firmada ayer, un día antes del nuevo paro docente de 24 horas que comenzará este viernes, convocado por los once gremios porteños, para repudiar la cesantía de seis docentes estatales, que se quedaron sin trabajo, por orden de Bullrich y en represalia de la realización "una parodia teatral". La obra data de marzo de este año, y fue protagonizada por un grupo de docentes en un colegio público del barrio de Monte Castro, donde aparecían el jefe de gobierno Mauricio Macri y su ministro de Educación. La expulsión fue ordenada esta semana y, junto al lanzamiento del 0800, desató una dura polémica, en la que también participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la localidad entrerriana de Concordia. "No somos un país fascista, sino profundamente democrático", disparó la mandataria y luego consideró que es llamativo que los funcionarios del gobierno PRO "se digan liberales y tengan prácticas de regímenes totalitarios".

Según los fundamentos de la resolución judicial de Liberatori, el 0800 fue lanzado para recibir información sobre "supuestas actividades políticas calificadas de ’ilegales’". Sin embargo, cuando Bullrich asistió a la indagatoria que ordenó la jueza, el ministro porteño no pudo aportar ningún dato específico, y la única información que ofreció provenía de una denuncia anónima que la cartera educativa tampoco pudo documentar. Ante la falta de pruebas, la jueza decidió, 24 horas después, ordenarle al Estado porteño que sólo reciba "la información resultante con eficacia jurídica", es decir que sean "violaciones al Código Penal" o "delitos".

A pesar de dictar esas advertencias, la jueza no anuló el funcionamiento del 0800 en el amparo que firmó ayer, pero consideró que "los datos aportados a través de la línea solamente tendrán virtualidad jurídica" para esos delitos penales que hasta ahora la comuna no pudo aportar ni probar y que deberían ser tramitados por un tribunal penal, y no en uno contencioso como el de Liberatori, que, hasta ahora, habría certificado y demostrado que no existe ninguna mención a este tipo de "0800" en la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad.

Apenas se conocieron los detalles de la resolución cautelar, Bullrich se mostró "satisfecho" por la decisión de la jueza. "Hoy Liberatori autorizó que la línea siga en pie para denuncias por delitos penales. La línea sigue vigente y así todos los padres seguirán comunicándose con nosotros. Ese era nuestro objetivo: mantener un canal de diálogo, como lo hemos precisado en reiteradas ocasiones", se defendió el ministro, aunque pocos minutos después, sus voceros se animaron a deslizar un ambicioso balance sobre el primer mes del 0800: "La línea satisfizo las inquietudes de la gente, hemos recibido cerca de más de 5000 llamados. Nosotros no podemos filtrar los llamados, como tampoco el contenido de las inquietudes de los padres que defienden la educación de sus hijos."

Con ese mensaje para los medios, el gobierno PRO se jactó en público de la presunta eficacia de su 0800, aunque en privado no tuvo la misma suerte. La confirmación de esa suerte esquiva integra un informe oficial, elaborado por asesores de Bullrich, que desde ayer circula en distintos escritorios del Ejecutivo porteño y que habría sido entregado a Liberatori luego de su insuficiente declaración indagatoria. De acuerdo al documento, la línea gratuita que desató la polémica no recibió "más de 5000 llamados", sino 7000, de los cuales "el 50% provendría de personas que llamaron y cortaron de inmediato, sin decir una sola palabra". A esa mitad se suma "otro 30% de personas que efectivamente llamaron al 0800, pero que, en vez de aportar información, dejaron insultos". El 20% restante contiene llamados, pero provenientes de distintas partes del país que tampoco dejaron ningún dato concreto.

La causa del 0800 es una de las más recientes que instruye el juzgado de Liberatori y lleva el número 45378/0. Surgió hace menos de un mes, cuando el abogado Roberto Boico presentó un amparo para exigir "el cese inmediato de la persecución política a jóvenes militantes y la inmediata comunicación del supuesto a la Legislatura de la Ciudad, a fin de evaluar la iniciación de juicio político por mal desempeño de las funciones del jefe de gobierno y del ministro de Educación". Para el abogado, la línea "procura fomentar un sistema de alcahuetería y soplonería dirigido a jóvenes o niños que estuvieran divulgando, propagando disertando acerca de ideas políticas, lo que equivale a decir que el gobierno porteño interpreta a la actividad política como delictiva."

Polo audiovisual: se diluye la ofensiva macrista

"Pertenece a diversos dueños: una parte es privada, hay terrenos de la Ciudad, y otra parte pertenece a la Dirección General de Puertos, que creo que es el lugar elegido." La explicación pertenece al ministro porteño de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, que ayer buscó acompañar, sin éxito, la ofensiva del PRO contra el Polo Audiovisual que la presidenta Cristina Fernández anunció el miércoles, para construir un "Hollywood" argentino en los predios que tiene el Puerto de Buenos Aires en la Isla Demarchi, un terreno costero e insular que fue ganado, con escombros, al Río de la Plata, y que figura dentro del barrio porteño de La Boca.

Según la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, la Ciudad tiene "desde hace un año" un proyecto para ampliar ese terreno a un predio de once hectáreas, donde iba a funcionar una especie de polo cultural. La funcionaria agregó que la comuna también tiene "desde hace un año" otro polo audiovisual en Palermo y Colegiales. A eso, se sumó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio Cabrera. Ambos advirtieron que el proyecto presidencial "debe discutirse en la Legislatura local para que se autorice o no el uso de las tierras en esa zona del sur", aunque el mismo ministro luego reconoció que los terrenos pertenecen a la Nación. Le faltó recordar que, a pocos metros de allí, el holding IRSA, de Eduardo Elsztain, proyecta construir el barrio privado Solares de Santa María, que tiene el apoyo del macrismo, y es tenazmente resistido por los vecinos de la Villa Rodrigo Bueno. En el medio de esa puja, quedará el Hollywood de la Isla Demarchi.

Mensaje contradictorio

Mientras sigue el debate por el 0800 que habilitó el Ministerio de Educación porteño para denunciar la militancia política en los colegios, el líder del PRO, Mauricio Macri, llamó ayer a intendentes de ocho provincias a defender "la libertad, la posibilidad de disentir y el pluralismo".

Mientras en su distrito el macrismo persigue cualquier atisbo de militancia política entre los jóvenes, Macri lanzó este mensaje contradictorio en haras de seguir dando forma a su proyecto político nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2015.

El jefe de la Ciudad de Buenos Aires se reunió ayer con intendentes de ocho provincias procedentes de distintos partidos de la oposición para firmar convenios y como parte de su apuesta presidencial. Macri se encontró con jefes comunales radicales y peronistas disidentes, ante quienes aseguró: "No aceptamos que nadie ponga en discusión la libertad, la posibilidad de disentir y el pluralismo." En el almuerzo que encabezó con los jefes comunales en la Usina del Arte, en La Boca, advirtió además que "ese será un debate central que vamos a tener en los próximos meses de cara a la Argentina que viene".

Estuvieron presentes los intendentes de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino y Vicente López, Jorge Macri; de Goya (Corrientes), Ignacio Osella; de San Carlos (Mendoza), Jorge Difonso; de La Falda (Córdoba), Eduardo Arduh; de San Justo (Santa Fe), Mario Silvestrini, y de Gaiman (Chubut), Gabriel Restucha. También participaron del encuentro el vicepresidente del Foro de Intendentes Radicales (FIR) de Córdoba, Daniel Salibi e intendentes de localidades de San Juan, San Luis y Entre Ríos.

Fuente: Tiempo Argentino