Lo acusan por un delito que no cometió y deben indemnizarlo

La Cámara del Trabajo ordenó indemnizar a un trabajador de la Aduana que había sido acusado de "omisión de control" en la causa por las valijas enviadas a España con droga por la empresa Southern Winds (SW) y que finalmente fue sobreseído por la justicia.

El trabajador había sido imputado por "un delito que jamás cometió, lo que le provocó un grave perjuicio, ya que fue destituido del cargo de Jefe de Departamento de Drogas Peligrosas, al que nunca fue restituido a pesar de que en la causa penal que se le inició fuera sobreseído”, dijeron los jueces de la Sala Séptima del tribunal.

La medida benefició a José Isola, acusado por el ex gerente de SW, Christian Maggio, y por la AFIP, por su presunta participación en aquella operación de narcotráfico frustrada y a quien el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky sobreseyó en septiembre de 2006.

De acuerdo a las constancias del expediente en forma simultánea a la causa judicial se sustanció un sumario administrativo "en el que "no le dio intervención al acusado, ni su debido derecho de defensa” y que concluyó destinándolo a "depender de gente de menor jerarquía y antigüedad en la mentada Institución”, según denunció Isola.

Los camaristas Estela Ferreirós y Néstor Rodríguez Brunengo, afirmaron que "la AFIP debería haber encontrado otros caminos para solucionar la situación planteada (en lugar de) afectar las condiciones esenciales de la relación laboral entre las partes”.

En ese sentido los magistrados añadieron que "la actitud tomada por la demandada ha sido discriminatoria y arbitraria. Ello lo demuestra el resultado del proceso investigativo del cual salió indemne” y establecieron que Isola deberá percibir una indemnización del orden de los 160.000 pesos.

Según los camaristas "resulta reprochable el actuar de la accionada por haber privado al actor de sus funciones degradándolo profesionalmente, adelantándose a su luego acreditada inocencia” por lo que "Corresponde a la demandada resarcir el daño moral que le ha ocasionado al actor".

En su descargo la Aduana había argumentado que "el cambio de funciones en modo alguno constituyó un uso abusivo sino que ello fue el ejercicio de una facultad conferida por el régimen normativo específico de la relación del empleado público”, criterio que no fue compartido por los jueces.