Trabajo apunta a 200.000 productores para reducir el trabajo rural no registrado

La ofensiva contra el trabajo no registrado hará foco principalmente en el sector rural. La cifra del 32% que maneja el Gobierno sobre empleos ilegales no incluye el universo de trabajadores del campo que se estima, extraoficialmente, en 600.000 personas. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que dentro del esquema del veraz laboral y la unidad federal de inspectores se contempla con máxima atención a 200.000 pequeños productores. Allí muchos de ellos no podrían justificar -por ejemplo- la disparidad entre la cantidad de ganado vacuno que poseen y la falta de trabajadores declarados para esa labor rural. Esos datos surgieron de los cruces de los CUIT, CUIL y la plataforma informática del SENASA. No obstante el Gobierno considera "relevante" diferenciar a los productores "generadores de mano de obra" de los especuladores. Otro tópico de realce que reseñaron los mismos voceros es que quienes se aparezcan en el veraz laboral, perderán todos los beneficios promocionales o subsidios, tanto nacionales como provinciales que reciban para desarrollar su actividad. "Es factor clave del nuevo esquema" realzaron. Así el nuevo esquema, en labor coordinada con AFIP, buscará establecer los casos donde detrás de monotributistas aparecen contribuyentes que deberían revistar como sociedades comerciales, aún dentro del universo PyMe. Si bien el perfil para los controles apunta a la "inteligencia" fiscal los funcionarios que trabajan desde hace un año en el Ministerio de Trabajo para completar esta ofensiva contra el trabajo ilegal contemplan que "para los trabajadores rurales pretendemos una mejora sustancial en las condiciones en las que prestan su labor. Acorde a la capacidad económica de sus empleadores". Como un ejemplo recuerdan que en los operativos que la AFIP realizó durante los últimos tres años en campos o cultivos se descubrieron casos comparables "a la época de la esclavitud", sentenciaron.

Incluso en esa consideración señalaron que se accionará con severidad, incluso ante la Justicia ordinaria o federal en los casos de "trata de personas" y "trabajo infantil".

Dentro de lo planificado se estipula que el RENATEA debería contar con su propia unidad de inspección para trabajo rural dentro del ministerio que encabeza Tomada y el nuevo plan como también que el grupo de inspectores -inicialmente- se integraría con 200 agentes, tendrá bases en las diferentes provincias y trabajando con las delegaciones de Trabajo. Avanza también la confección y establecimiento de un calendario fijo para siembras y cosechas de los cultivos, entre el abanico de iniciativas que se presentarán en pocas horas más.

Fuente: BAE