Piden que se frene el cobro de la tasa sobre combustibles en San Martín

El concejal del Frente para la Victoria Hernán Letcher presentó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense una demanda con carácter de "Declaración de Inconstitucionalidad" sobre la tasa que pretende cobrar el Municipio de San Martín a la compra de combustible liquido o GNC en cualquier estación de servicio que opere dentro del distrito.

Esta demanda se suma a la presentada el lunes último por el dirigente de Pilar José Molina, quien pidió a la Defensoría del Pueblo local que intervenga para impedir el cobro de la tasa, que ya se aplica en varios municipios alineados con el Frente Renovador de Sergio Massa.

En esta oportunidad, el reclamo realizado por Letcher responde al articulado de la normativa "Fiscal e Impositiva 2014", que, según el concejal, "avala dicho cobro y convalida una operación ilegal".

Al respecto, el edil explicó que "ningún vecino debe estar obligado a pagar una tasa sin recibir una contraprestación dentro de los llamados servicios públicos divisibles, que son sobre los cuales puede determinarse con exactitud quién, cuándo, cuánto y qué calidad recibe, lo cual no se cumple en este caso".

Asimismo, subrayó que "dicha tasa repercute negativamente en la economía local, como también lo hace en la de aquellos que hacen uso del servicio".

"No nos parece razonable que el intendente (Gabriel Katopodis) de manera arbitraria impulse una tasa que es claramente inconstitucional y que disfraza un nuevo impuesto a nuestros contribuyentes", indicó Letcher.

Puntualizó además que "este impuesto se suma al ya existente para sostener los servicios públicos, es decir que el señor intendente recauda dos veces por el mismo motivo".

Remarcó que "esta demanda es la contracara judicial de nuestra pelea cotidiana por cuidar el bolsillo de los argentinos, no sólo desde el empoderamiento del pueblo, a través de programas como Precios Cuidados, sino también apelando al Poder Judicial para poner un freno al atropello de los otros dos poderes del Estado, que afectan los intereses de todos los sanmartinenses".

Fuente: Télam