Provincias le pedirán a la Nación retener dólares de las inversiones petroleras

Esta semana los gobernadores que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) volverán a verse cara a cara con las autoridades del gobierno nacional para discutir los cambios que plantearon al borrador que hace 15 días les entregó la presidenta Cristina Kirchner para impulsar una nueva ley petrolera.

En el sector no hay muchas expectativas de que en estos días se llegue a un acuerdo definitivo. El texto que confeccionaron las provincias, con Neuquén a la cabeza, propone incentivos fiscales, extender las concesiones para amortizar inversiones en no convencionales, y ampliar la posibilidad de remitir divisas al exterior a todos los actores del mercado petrolero, como una de las formas para atraer más inversiones.

El documento, de unas ocho carillas, no menciona el rol de las empresas provinciales, que es uno de los puntos cruciales de la disputa. El Gobierno, encabezado por la estatizada YPF, quiere eliminar el sistema de carry o acarreo, por el que las empresas provinciales de energía ceden un área a cambio de un porcentaje de la renta sin realizar aportes de capital en la etapa exploratoria. Sin embargo, concedería a las provincias no revisar el esquema en los contratos ya firmados.

Según la Mañana de Neuquén, que cita al portal especializado el Inversor Online, entre los fundamentos, el borrador de los gobernadores incluye un pronunciamiento reivindicatorio de la Ley Corta (Ley 26.197), por la cual asumieron las provincias la administración sobre los yacimientos como autoridades concedentes. Al mismo tiempo, menciona un Régimen Federal de Promoción de Inversiones y Responsabilidad empresaria para la extracción de gas y petróleo no convencional. Entre otras alternativas, las provincias acuerdan en ampliar los plazos de las concesiones (35 años) para que las empresas amorticen sus inversiones.

Reclaman también “la ampliación de los beneficios promocionales a la mayor cantidad de sujetos posibles” y no solo a las grandes empresas, en un apartado en el que se piden deducciones, regímenes de amortización acelerada de ganancias, y cambios en los gravámenes a la importación de bienes de capital, repuestos e insumos. Piden que, además de la posibilidad de exportar el 20% del crudo extraído para determinados proyectos, se amplíe “la libre disponibilidad de divisas y la remesa de utilidades”, según el texto que dio a conocer el sitio especializado.

Se incluye un “cálculo de las regalías tendencialmente convergente con el nivel de precios internacional”; fijar un porcentaje de la renta petrolera de cada proyecto para la responsabilidad social empresaria; y la disposición de las partidas del presupuesto nacional “en cantidad suficiente” para responder al impacto del crecimiento población.

Los mandatarios proponen considerar como “precio” los subsidios que paga el Estado a los privados –como en el caso del incentivo a la producción de gas– para incrementar la recaudación de regalías. Y no mantener diferencias mayores a un 6% en el valor de los precios locales de distintos tipos de crudo. Además, incorporaron puntos relacionados con el cuidado del medio ambiente; la responsabilidad social empresaria; y obras de infraestructura urbana y de transporte.

Fuente: Cronista.com