San Luis fue a la Justicia contra el 400% de aumento en el gas, porque "sigue siendo un tarifazo"
El gobierno de San Luis pidió hoy a los usuarios de gas natural por red que no paguen las facturas con los aumentos digitados por la Nación hasta que las empresas refacturen, tras presentar un amparo en la Justicia para limitar el alza.
"Hemos pedido a la población que no pague las facturas hasta que se refacture", dijo la ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala, quien argumentó que la decisión se tomó para defender la continuidad de las pequeñas y medianas empresas y para garantizar el derecho de los ciudadanos a calefaccionarse.
La administración provincial de Alberto Rodríguez Sáa presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para que se limite el incremento en las facturas de gas, dado que una gran parte de la población local no está en condiciones de afrontar un alza de hasta el 1.200 por ciento.
Zabala dijo que la gestión de Rodríguez Saá está esperando "medidas" del Gobierno nacional para reducir incluso el incremento del 400 por ciento, el tope decidido en la Casa Rosada para impedir que se den aumento de hasta el 2.500% en la Patagonia, como venía ocurriendo.
El Gobierno oficializó este martes los topes del 400 por ciento para los aumentos en las tarifas de gas residenciales y del 500 por ciento para las pymes, tal como lo había anticipado en reuniones con gobernadores de todo el país.
"El aumento del 400% sigue siendo un tarifazo", dijo la ministra de Hacienda puntana en declaraciones a Radio Nacional y agregó: "Aunque están corregidas, las medidas del Gobierno Nacional siguen siendo malas".
La funcionaria explicó que, por pedido del gobernador, la fiscalía de Estado provincial presentó un amparo ante la Justicia para limitar el aumento de gas que en el distrito rondaba entre el 1.500 y el 2.000 por ciento en San Luis.
Zabala remarcó que la justicia calificó como "exorbitante" el incremento dispuesto por las prestadoras del servicio.
Por otra parte, Zabala dijo que no le corresponde hacer ninguna evaluación respecto al impacto que la presentación pudiera tener en la relación entre el gobierno nacional y la provincia.
Fuente: NA
