Sbattella insistirá para que se reactive la causa en la que se investiga al JP Morgan por presunto lavado de dinero

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, destacó ayer que hay "avances" en la causa en la que se investiga al banco JP Morgan por presunto lavado de dinero y fuga de divisas por parte de casi 500 empresas e individuos, y adelantó que "insistirá" en que el juzgado que entiende en el caso, a cargo del juez federal Sergio Torres, dé cuenta de los datos que aportó el testigo Hernán Arbizu y que publicó en el diario Tiempo Argentino.

A través de declaraciones a Radio Nacional, Sbattella se refirió a las pruebas ofrecidas por el ex directivo de esa institución, Hernán Arbizu, en su declaración ante la justicia.

Según el funcionario, este paso se demoró "absurdamente" porque los jueces nacionales respetaron la "confidencialidad" (prohibición de hablar) aplicada al autoimputado Arbizu en Estados Unidos, por trabajar en un banco de ese país. "No sólo no se lo indagaba (a Arbizu), habiendo dicho que era jefe de una asociación ilícita, sino que no se le dejaba presentar pruebas", agregó el funcionario.

Este diario informó en exclusiva durante el fin de semana sobre el contenido del teléfono celular aportado por Arbizu a la causa, y que revela las reuniones y contactos que mantenía con la cúpula del banco tanto en los Estados Unidos como en Buenos Aires. Se trata de 117 correos electrónicos que dan cuenta de maniobras concretas de "back to back", la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales, operaciones contra la competencia, entre otros aspectos que confirman las denuncias que ya en 2008 Arbizu había expuesto con detalle ante el juez Torres.

En este sentido, Sbattella destacó que la agenda y los datos informáticos presentados "corroboran que tenía reuniones con personas en la Argentina y en América Latina, que tenían en promedio más de 100 millones de dólares y sacaban parte fuera del país en forma ilegal".

Según Sbattella, esas operaciones con rumbo a paraísos fiscales eran de por lo menos 25 millones de dólares en cada caso, fondos "que no pagaron impuestos o provenían de negocios que no se sabe si lícitos o ilícitos".

EMBARGO. La UIF informó que la jueza federal María Servini de Cubría dispuso el procesamiento y embargo de bienes de dos empresarios responsables del delito de lavado de activos, por $ 90 millones.

Fuente: Tiempo Argentino