Solo el 42% de las compañías comenzaron a adecuarse a la nueva ley de Responsabilidad Penal Empresaria
A pocos días de haber entrado en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, una encuesta reveló que solo el 42% de los encargados de adecuar sus compañías a la normativa vigente reconoció haber tomado alguna medida para tal fin. Asimismo, el 40,5% admitió no tener en claro las sanciones.
El 1 de marzo entró en vigencia la ley 27.40, un régimen que pena la corrupción contra la administración pública efectuada por empresas nacionales o extranjeras. En particular, el castigo involucra el cohecho, las negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.
La sanción de la normativa era uno de los principales requisitos que debía implementar Cambiemos para que Argentina ingrese como miembro pleno de la OCDE.
La encuesta, realizada por la consultora KPMG involucró a 75 referentes de las áreas de "Compliance" y auditoría interna y legal de distintas empresas en sectores como el industria, financiero, de servicios y de consumo masivo, entre otros. De los datos recabados se desprende que el 72% de los consultados aseguró estar en conocimiento del contenido de la Ley aunque el 40,5% admitió no tener en claro cuáles podrían ser las sanciones tipificadas en la norma, como tampoco los agravantes y atenuantes.
Hernán Carnovale, Socio de Forensic Services de KPMG y responsable de la encuesta, consideró que "hay conocimiento" sobre la nueva normativa pero sostuvo que la reacción es "algo lenta en cuanto a la instrumentación de medidas internas que eviten hechos de corrupción o fraude".
Un dato aún más sorprendente es que menos de la mitad de los encuestados - solo el 42% - dijo haber tomado algún tipo de medida para adecuar la compañía a los requerimientos. Asimsimo, el 49% señaló que designaron un responsable interno para supervisar su cumplimiento.
Por otro lado, solo el 25% admitió no haber realizado o evaluado acciones para comenzar a reacondicionar sus empresas a la nueva norma, mientras que el 14% señaló que se encuentra bajo actualización el código de conducta interno y el 13% afirmó que ya dispone de una línea de ética para recibir denuncias sobre hechos de corrupción internos.
Carnovale agregó que los números demuestran que hace falta "concientizar y capacitar sobre el alcance de la ley para evitar sanciones que son duras" y remarcó que "la norma también ofrece la oportunidad de detectar y contrarrestar los delitos que se puedan descubrir, disminuyendo pérdidas económicas".
Fuente: Ambito
