ECONOMÍA
Aceptaron a la UIF como querellante en una causa judicial por lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Roberto Astiasarán, quien fuera prefecto general de la Prefectura Naval Argentina hasta 1999, informó el organismo.
En forma simultánea, la justicia rechazó un pedido similar que el organismo había efectuado en otra causa que se tramita contra Roberto García Moritán, quien se desempeñó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta 2008, indicó un comunicado de la UIF.
En el primer caso, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, resolvió que “los hechos criminosos objeto de la investigación atentarían los intereses del Estado y la propia administración pública”, por lo que determinó se tenga al organismo como parte querellante en la causa.
La investigación se inició a partir de un allanamiento de la sede porteña del banco BNP Paribas, donde "la justicia descubrió que operaba una cueva financiera que había fugado al exterior más de U$S 900 millones no declarados".
La documentación incautada señala que Rubén Astiasarán, Jorge Astiasarán, Gustavo Astiasarán, Elba Merino de Astiasarán y María Cecilia Calleja poseían, entre los años 2000 y 2006, alrededor de U$S 120 mil y activos por U$S 10.300 en la cuenta del ING Bank NV de Curazao.
Además, en 2006 tuvieron una suma de más de U$S 125 mil en una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.
Rubén Astiasarán se desempeñó desde 2004 como presidente de la Junta Asesora Permanente para el Personal Superior y Legajos, dependiente de la Dirección de Personal de la Prefectura, y al igual que el resto de los imputados no indicó en sus declaraciones juradas ser titular de bienes en el exterior.
Además, ante la AFIP dijo que su capital promedio había oscilado entre $150 mil y $300 mil en esos años.
Por el contrario, en la causa “García Moritán Roberto s/delito de Acción Pública”, el juez Sergio Torres, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9, dijo que no se encuentran los argumentos necesarios para permitir que la UIF forme parte de la querella.
“El hecho de que la causa posea como uno de sus objetos procesales el delito de lavado de dinero no permite concluir en forma automática que nos encontramos ante un delito precedente del lavado de activos”, determinó Torres.
En esta causa se investigan las operaciones del acusado y sus familiares, quienes resultaron titulares de diversas inversiones y cuentas bancarias del exterior por fuera del sistema financiero legal, indicó el comunicado.
A través de una investigación judicial se pudo saber que García Moritán, María Lucía Fernández Llanos y Patricio García Moritán, operaron entre 1999 y 2008 entre U$S 364 mil y U$S 500 mil dólares a través del ING Bank NV de Suiza, y guardaron más de U$S 530 mil en una cuenta del BNP Paribas de Suiza.
El juzgado determinó que esos bienes no aparecían en las declaraciones juradas del funcionario ni de sus familiares, y destacó que la AFIP no tenía constancias sobre sus ingresos ni su consumo mensual, lo cual impedía establecer el promedio de su patrimonio en el país.
La UIF apeló el fallo del juez Torres, "por entender que su función específica tiene pleno interés en ser tenido por parte querellante toda vez que se advierta le existencia de enriquecimiento ilícito y del delito de Lavado de Activos ya que afectan el orden económico y financiero".
Fuente: Télam
