Un fallo judicial impide nuevamente al Gobierno usar las reservas

La jueza federal Claudia Rodríguez Vidal suspendió ayer el polémico decreto presidencial 298/10, que autorizaba el uso de reservas del Banco Central para pagar deudas, por lo que a partir de hoy el Gobierno estará nuevamente impedido de disponer de esos fondos. Sólo podría hacerlo si lo ratificara el Congreso, algo que hoy parece muy poco probable.

El fallo de la jueza sólo se conocerá hoy, pero trascendió anoche tanto en fuentes políticas como en la Justicia.

La Presidenta derogó el lunes el decreto 2010/09, mediante el cual en diciembre pretendió tomar reservas del Banco Central, y, para burlar varias medidas cautelares ordenadas por la Justicia, lo reemplazó por un nuevo DNU, casi idéntico al anterior.

Ayer, la jueza, la misma que hace dos años había ordenado al Gobierno publicar las metodologías y estadísticas que usa el Indec, acogió los planteos formulados por Graciela Camaño (PJ disidente) y por Gerardo Morales y Ricardo Gil Lavedra (UCR). La medida no alcanza a los pagos que el Gobierno pueda hacer a los organismos internacionales por medio del decreto simple 297/10.

El pronunciamiento de Rodríguez Vidal apunta a impedir que el Gobierno utilice esos fondos antes de que el Congreso tenga tiempo de expedirse. Pero no alcanza al decreto simple 297/09, pues tratándose de un decreto reglamentario no está sujeto a las exigencias excepcionales de los DNU.

Así, el fallo protege los fondos, pero al mismo tiempo coloca al Poder Legislativo en la necesidad de dar el debate legislativo, sea para convalidar la norma, sea para derogarla o anularla. Se descuenta que hoy mismo el Gobierno apelará la decisión.

La magistrada resolvió que el derogado decreto 2010/09, por el cual la Presidenta decidió en diciembre último usar reservas del Banco Central para pagar deuda, y el decreto 298/10, que lo reemplazó el lunes último, son sustancialmente idénticos. Por eso, entendió que corresponde extenderle al nuevo decreto los efectos de aquellas medidas cautelares dictadas en enero.

Para la magistrada, según dejaron trascender las aludidas fuentes, ambos decretos contienen los mismos fundamentos, intentan tomar los mismos fondos para pagar la misma deuda y, además, disponen que el Tesoro compensará la erogación del BCRA con el mismo bono público. Es decir, la identidad entre ambas normas es casi total y prácticamente la única diferencia que contienen es su numeración.

La medida de la doctora Rodríguez Vidal llevará alivio a la oposición, si se lo compara con lo que había ocurrido horas antes en otros tribunales.

Por la mañana, los diputados nacionales Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (UPT-CC), Juan Carlos Vega y Alfonso Prat-Gay (CC) habían hecho dos presentaciones similares, ante la Corte y ante el juzgado contencioso a cargo de la doctora Liliana Heiland.

Los diputados solicitaron a ambos tribunales que mantengan la vigencia de las medidas cautelares dispuestas por la jueza Sarmiento contra el decreto 2010/09 y las amplíen a los nuevos decretos. Es decir, el objeto era idéntico al pedido hecho por Camaño y por los radicales Morales y Gil Lavedra, en sendos escritos. Pero la doctora Heiland aún no se pronunció.

Medida cautelar Por su parte, la Corte rechazó ayer a la tarde por abstracta la medida cautelar que había suspendido la aplicación del decreto 2010/09.

El máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, en una resolución de una carilla decidió que es inoficioso -improcedente- que la Corte se pronuncie sobre el decreto 2010/09, que fue derogado el lunes último.

El fallo del alto tribunal, escueto, es técnicamente correcto, pero tiene una lectura política clara: la Corte no está dispuesta a adoptar ninguna medida excepcional para arreglar un problema planteado por la política y que puede ser resuelto tanto por la política, en el Congreso, como por los jueces de primera instancia.

Esto no significa que la Corte, en el futuro, se vaya a negar a tratar un recurso extraordinario sobre el nuevo DNU, sino que, por ahora, no podía pronunciarse sobre una norma derogada.

"Si quieren ampliar la medida cautelar, que se lo pidan a un juez de primera instancia. Nosotros no podemos corregir una arbitrariedad del Poder Ejecutivo con otra arbitrariedad de la Corte", dijo uno de los ministros del alto tribunal.

El Gobierno, se descuenta, apelará el fallo de Rodríguez Vidal y, en un tiempo breve, el asunto llegará nuevamente a la Corte. (LA NACIÓN)