Uno de cada tres trabajadores no está registrado

A pesar de que no figuró entre las principales demandas del paro convocado para el jueves pasado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, el trabajo informal sigue siendo una realidad que sufre al menos uno de cada tres trabajadores argentinos. En el primer tramo de la gestión kirchnerista se logró bajar notablemente el índice de trabajo no registrado pero a partir del 2008 se entró en un amesetamiento del que aún no se pudo salir. En este contexto, desde el Ministerio de Trabajo se le están dando las últimas puntadas a un proyecto de ley que busca revertir la lógica de estos últimos años. La intención del Ejecutivo nacional es que con esta herramienta legal se logre “perforar el piso del 30 por ciento de trabajo no registrado”, tal como lo adelantó la semana pasada el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante su presentación en la Cámara de Diputados. Se trata de una tarea tan necesaria como compleja, si se tiene en cuenta que la informalidad laboral es un problema estructural que sufre el país desde comienzos de los ochenta.

Desde la cartera que conduce Carlos Tomada estiman que el proyecto ingresará al Congreso en los primeros días de mayo y su contenido es el fruto de los encuentros mantenidos a lo largo del año pasado con dirigentes de organizaciones sindicales y de las cámaras empresarias. De esos encuentros surgió el Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado, que sirvió como fuente de inspiración para la normativa que se someterá a debate legislativo. La iniciativa oficial hace eje en cinco aspectos: fortalecer la fiscalización y capacidad de inspección del Estado, la creación de un listado de empresas infractoras, promover la reducción de contribuciones patronales para las micro y pequeñas empresas y la extensión de convenios de corresponsabilidad para mejorar el acceso de los trabajadores agrarios a la seguridad social. El objetivo es reducir en cinco puntos en un plazo de dos años el índice de trabajadores no registrados que en la actualidad alcanza al 34,6 por ciento del universo laboral. Se trata de casi cinco millones de personas que se encuentran en privados de todos los derechos que como trabajadores les asiste.

Desde Trabajo son conscientes de que con la acción solitaria del Estado no alcanza y por eso esperan que a partir de los encuentros del año pasado y del documento elaborado conjuntamente haya un compromiso real de dirigentes sindicales y empresarios.

El sociólogo Fernando Groisman dirige el Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (Citradis), que se ha dedicado a estudiar profundamente el mercado informal de trabajo. Sostiene ante Veintitrés que “si bien una ley es una herramienta que puede contribuir a bajar los índices, por sí sola no garantiza nada”. Pone como ejemplo lo que sucedió con la ley que se sancionó el año pasado para regular el trabajo doméstico. “Se trató de un avance muy importante porque puso en igualdad de derechos a las personas que hacen este tipo de trabajos con el resto de los trabajadores. Pero la realidad es que el trabajo en negro en esta actividad sigue estando por encima del 80 por ciento”, afirma.

De las iniciativas que se han dado a conocer hasta ahora, la que le despierta a Groisman mayor incertidumbre tiene que ver con la propuesta de disminuir las contribuciones patronales por dos años a las pymes que pongan en blanco a sus trabajadores. “La idea de que las cargas sociales pueden desalentar el registro de los trabajadores es una idea que yo no comparto. Quedó demostrado tanto en la Argentina como en otros países que bajar las cargas sociales no sólo no mejora la registración de trabajadores sino que por el contrario fomenta el trabajo en negro. Yo entiendo que es necesario que las pymes ganen competitividad para poder desarrollarse pero no creo que la mejor forma de lograrlo sea a través de la reducción de cargas sociales porque por esa vía entiendo que no ayudamos a bajar el trabajo no registrado”, sostiene.

Víctor De Gennaro, diputado de Unión Popular y vicepresidente de la Comisión de Trabajo, prefiere no abrir juicio acerca de un proyecto que todavía no ingresó al Congreso. Pero entiende que hay herramientas más a mano para combatir el trabajo informal antes que la sanción de una ley. “Lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo es darles trabajo permanente a todos los empleados que son los responsables de llevar adelante las inspecciones. No son funcionarios de planta permanente y no tienen estabilidad laboral, por lo tanto las empresas terminan eludiendo cualquier castigo”, señala. Para el diputado, hay dos medidas más que desde el Ejecutivo se podrían tomar para reducir el trabajo en negro. “Hay que terminar con la delegación de funciones en las provincias”, afirma. “La mayoría de las Direcciones de Trabajo de las provincias no tienen inspectores. Les han delegados las funciones pero no hay financiamiento. Así es imposible controlar a las empresas”, completa. La otra acción que entiende que se podría llevar adelante es suspenderles los subsidios que reciban a las empresas que tienen trabajadores fuera de la legalidad.

En los lineamientos generales del proyecto a los que tuvo acceso Veintitrés, parte de estas demandas que señala De Gennaro parecen estar contenidas. Una de las iniciativas que impulsa la ley es la creación de un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales en la que figurarán los empleadores que tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral. Aquellas empresas que figuren en ese registro “no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas” y “perderán beneficios impositivos”. Frente a la descentralización actual que opera sobre los organismos de control, el proyecto prevé “dotar al Estado nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral y el trabajo infantil en todo el país, especialmente teniendo en cuenta los recursos desiguales que tienen los estados provinciales para volcar a la inspección laboral, y la necesidad de garantizar un piso de acceso a los derechos laborales uniforme a lo largo de todo el país”.

La creación de Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral que propondrá el proyecto oficial podría dar respuesta al “vacío legal” que Groisman advierte que se da en actividades como la construcción y la industria de la indumentaria. En el primero de los casos, indica que “entre la empresa constructora y el contratista –que es el que se encarga de convocar a los trabajadores y el que en definitiva establece la relación laboral– se plantean acuerdos que no son formalmente ilegales pero que en definitiva terminan con los trabajadores bajo condiciones precarias de trabajo. En la actividad textil, los talleres que proveen de prendas a las grandes firmas y que en suelen tener a sus empleados en condiciones semiesclavas no se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo sino por la Ley de Trabajo a Domicilio. Dicha ley establece que las empresas que subcontratan a estos talleres son solidariamente responsables por las irregularidades en las que puedan incurrir aquellos. “Pero lo real es que las grandes empresas casi nunca terminan siendo sancionadas. En cambio si estos talleres se rigieran por la Ley de Contrato de Trabajo, estarían más presionadas a tener a sus trabajadores en blanco”, considera Groisman. La unidad de investigación que propone el proyecto estará encargada “del control de formas variadas de violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales”.

El proyecto que impulsa Trabajo podrá ser el primer paso para bajar el trabajo informal. Tendrá que venir acompañado del compromiso de todos los actores involucrados para que logre su objetivo. Hay casi cinco millones de argentinos a los que les corresponde que así sea.

Fuente: Veintitrés