Aprueban en Santa Cruz el impuesto inmobiliario minero

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la ley que establece el Impuesto Inmobiliario Minero sobre las explotaciones minerales que se realicen en la provincia, por el que se prevé recaudar 130 millones de pesos.

La norma fue acompañada por una mayoría simple de legisladores del PJ cercanos al gobierno santacruceño y la UCR, mientras que los legisladores kirchneristas del Frente para la Victoria se abstuvieron de votar.

La ley, aprobada anoche, permitirá al gobierno provincial aplicar sobre las empresas concesionarias de proyectos mineros situados en Santa Cruz una alícuota "establecida por la Ley Impositiva sobre el valor de las reservas que posea la mina".

Según estimaciones oficiales, el canon implicaría ingresos anuales cercanos a los 130 millones de pesos.

La ley es parte del paquete de medidas fiscales que envió el año pasado el gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta para "incorporar mayores recursos al presupuesto provincial".

El impuesto será liquidado mediante una declaración jurada anual que deberán presentar las empresas mineras y determina que "el volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, con más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo en la misma".

En la norma se establece que la valuación económica de las reservas se determinará por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario.

Del impuesto quedan exentos las etapas de prospección o exploración "hasta tanto presenten el estudio de factibilidad a las autoridades de aplicación provincial o nacional" y aquellos concesionarios de minas clasificadas por el Código de Minería como de segunda y tercera categoría.

A su vez, quedan excluidas las empresas y sociedades estatales o aquellas sociedades con participación mayoritaria del Estado.

Peralta afirmó que "una vez que tengamos establecidos el mecanismo que está fijo en la misma ley, la vamos a regular de forma inmediata y avanzar rápidamente para empezar a cobrar" el impuesto. "Cuando tengamos la proyección del cobro, vamos a convocar a las organizaciones sindicales provinciales y municipales, y vamos exponer cuanto es el impacto que tiene eso en nuestro presupuesto y vamos a cumplir con nuestra palabra, es decir, que esto llegue al bolsillo de la gente", aseveró.

Desde el kirchnerismo en la legislatura santacruceña afirmaron en un comunicado que Peralta "condiciona su gestión a la aprobación de este nuevo impuesto. No queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto".

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) expresaron su rechazo a la medida sancionada por los diputados provinciales.

CAEM publicó una solicitada en medios provinciales donde critican la creación de nuevos impuestos "exagerados, regresivos y confiscatorios" que pondrían en riesgo "el futuro de la industria minera en la provincia".

"Peligra esta actividad, que es legítima e indispensable para la vida cotidiana, además de ser un poderoso motor, generador de fuentes de trabajo", argumentaron. En tanto, CAMICRUZ calificó como "un impuestazo" al nuevo tributo y sostuvo que la minería "es un modelo bárbaro de progresismo".