Banqueros y empresas de servicios públicos piden al Congreso la creación de la ley "acción de clase"

Banqueros y directivos de empresas de servicios públicos exigieron al Congreso que cree por ley el proceso judicial que se llama “acción de clase”, y que acumula en una misma causa intereses individuales homogéneos. Es que esos sectores económicos enfrentan cientos de juicios individuales y colectivos de los consumidores, que al no unificar en “clase” se superponen en forma caótica.

En un seminario sobre la cuestión organizado por la Cámara Española de Comercio Guillermo Tempesta, director del Departamento de Legales del Banco Santander Río, relató que el sector enfrenta 500 causas colectivas por montos muy grandes o indeterminados. Bastantes de esos juicios tienen el mismo objeto –relató– y además, hasta ahora cursaban solamente en juzgados de la ciudad de Buenos Aires pero últimamente comenzaron a replicarse en el interior del país.

Tempesta también criticó que no hay legislación respecto a los requisitos que deben cumplir las asociaciones de usuarios y consumidores que tienen la representación en los juicios colectivos. “Son asociaciones sin asociados”, enfatizó.

Además, dijo, en el país hay 80 bancos y cada juicio colectivos se replican para todos ellos, lo que “no refleja la realidad, porque se pasa por alto que son distintos”.

Por su parte, Gustavo Martínez, de Gas Natural BAN, relató que por el Marco Regulatorio del sector las quejas de los usuarios tramitan por ahora ante el Enargas, pero se quejó porque se suman cientos de demandas individuales por una misma causa, el corte de gas en varios monoblocks, por ejemplo. Por este motivo, pidió que se legisle sobre acción de clase para lograr economía procesal y que estén más protegidos tanto los consumidores como los demandados.

Desde el Congreso, la respuesta le correspondió en el marco del seminario a la senadora Liliana Negre de Alonso, presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta.

Relató que hay cuatro proyectos prácticamente compatibilizados y que se llegó casi a darle dictamen a la iniciativa antes de que se suspendiera la actividad legislativa a la espera de la jura de los legisladores electos. Negre de Alonso dijo que el proyecto apunta a proteger tanto a los demandantes como a los demandados, pero también dijo que no se puede copiar la acción de clase vigente en los Estados Unidos en un sistema codificado como el argentino.

Entre los puntos sobre los que hay acuerdo estaría que haya juzgados especialistas en acción de clase, para no recargar a los tribunales actuales, y que la competencia sea federal.

No hay acuerdo en cambio sobre el número mínimo para que una demanda sea colectiva, aunque los bancos pidieron que no baje de 50 demandantes. Las condiciones que una acción debe cumplir para que se la pueda reconocer como “de clase”, para la senadora, son que el número de demandas sobre el mismo objeto sea tal que haga impracticable el juicio individual, que la pretensión tenga efectos comunes, que el interés sea homogéneo y que la pluralidad cree un riesgo de sentencias contradictorias.

También comentó que se incorporaría a la acción colectiva la posibilidad de que verse sobre derechos patrimoniales. Es que el fallo Halabi donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, delineó la acción de clase para casos colectivos –distinto de la acción de clase que suma intereses particulares por adhesión–, excluyó específicamente las demandas con contenido económico.

En Halabi, Lorenzetti dijo también que la acción de clase para intereses particulares homogéneos necesita una ley del Congreso, explicó el abogado Fernando García Puelles.

El especialista indicó que el hecho de crear la acción de clases para casos colectivos por parte de Lorenzetti tuvo como meta defender tanto a los demandantes como a los demandados, porque cuando en los casos colectivos el fallo es adverso, no es oponible como cosa juzgada para quienes no se presentaron, en cambio en la acción de clase, sí lo es.

Fuente: El Cronista Comercial