Buscan en Nueva York convencer a inversores del cambio de ruta de pago
En un nuevo round en la pelea con los holdouts, y una semana antes de la audiencia que convocó el juez neoyorquino, Thomas Griesa, el secretario de Finanzas, Pablo López, viajó a Estados Unidos para tentar a distintos fondos de inversión a aportar a obras de infraestructura en Argentina y a venir al país a cobrar las cancelaciones de deuda que quedan. Los buitres se quejaron y amenazaron al país por “evadir los fallos de la Justicia norteamericana”.
Junto a la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón, el secretario López hizo un mini road show (que no fue confirmado oficialmente), en el que detalló a varios inversores en qué consiste el proyecto de Pago Soberano de la Deuda que redactó el Poder Ejecutivo, que obtuvo media sanción anteayer por la noche en la Cámara Alta Congreso y que podría convertirse en ley la semana que viene cuando se trate en Diputados.
Además, el economista se contactó con varios potenciales inversores en el país y con los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, previo a su viaje a China. A pesar de ya haber obtenido el visto bueno del fondo Fintech, uno de los capitales que tienen más bonos reestructurados argentinos en su poder y que es propiedad del mexicano Davíd Martínez (también accionista de Telecom y Cablevisión), el Gobierno necesita que sean muchos los inversores que acepten a Buenos Aires o alguna otra variante que no sea Nueva York para cobrar sus títulos. Es que el Ministerio de Economía intenta, con esta iniciativa tratada en Senadores, reemplazar al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario con el Banco Nación.
El argumento del Palacio de Hacienda es que el BoNY no cumplió con su contrato, al no transferir a los acreedores de Argentina los casi 539 millones de dólares que el Tesoro le depositó, en una cuenta del Banco Central. El dinero, aseguraron a BAE Negocios desde el entorno del ministro de Economía, Axel Kicillof, sigue en la autoridad monetaria.
Si bien desde el Gobierno dijeron que no harían un road show para promocionar a Buenos Aires como sede de pago, López y Nahón estuvieron reunidos con varios inversores para intentar persuadirlos de seguir haciéndole caso a Griesa, según informó el vocero de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Shapiro (ver abajo). Es que el juez advirtió que cualquier agente que participara del cambio de sede propuesto por la presidenta, Cristina Fernández, podría ser sancionado por no obedecer el fallo del tribunal de Nueva York. Esa sentencia es la que obliga al país a pagarles a los litigantes unos 1.600 millones de dólares.
En Hacienda no dijeron cuánto estiman que se sumarían al cambio, pero aseguraron que podrían ser varios e insistieron en que no es un cambio de jurisdicción obligatorio. Además, consideraron que el fallo de Griesa es inaplicable porque sufre de contradicciones, por lo que el país no podría ser declarado en “desacato”, como amenazó el juez de primera instancia.
En el Senado, después de un largo debate, la iniciativa fue aprobada por 39 votos a favor y 27 en contra de la oposición, con dos abstenciones. El proyecto propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005 y 2010 y el pago soberano local. Además de pagarse en Buenos Aires, la iniciativa da la posibilidad de optar cobrar en Francia o en cualquier otra sede, siempre y cuando la entidad involucrada se comprometa a pagar con una carta de intención. En los hechos, en el Gobierno quieren asegurarse que ningún banco acepte cancelar los vencimientos y luego “se de vuelta y escuche a Griesa”.
Fuente:Diario BAE
