Cataluña: el 80,7 por ciento votó a favor de la independencia en simbólica consulta

Los apoyos a la independencia supusieron el 80,7% de los votos emitidos en la simbólica consulta celebrada en Cataluña, a pesar del veto impuesto por Madrid, según los datos del gobierno regional con el 88,44% de las mesas escrutadas.

De los 2.043.226 votos contados hasta entonces, 1.649.239 se decantaron por el doble "Sí" a la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?", anunció la vicepresidenta del ejecutivo, Joana Ortega.

Del resto, un 10,1% optó por el "Sí-No" (206.599) y un 4,55% por el "No" (92.929). Estos resultados se explican por el boicot de los contrarios a la independencia a esta votación, que consideran ilegal.

Por ello, la mayoría de los ciudadanos que se acercaron a los colegios electorales eran militantes de la causa independentista, que desde hace varios años reclaman poder decidir si esta región de 7,5 millones de habitantes debería separarse del resto de España.

Alrededor de 5,4 millones de catalanes podían participar en esta consulta abierta a los mayores de 16 años y algunos extranjeros. Además, los catalanes que residen en el extranjero podían sufragar en algunos centros de votación instalados en ciudades como Nueva York, Sídney, México DF o Buenos Aires.

Más de dos millones de ciudadanos participaron en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma de Cataluña (noreste de España), en abierto desafío a las autoridades españolas que la declararon ilegal y sin garantías democráticas.

Según anunció el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, promotor de la consulta, "más de 2 millones de personas", de un censo estimado de 5,4 millones, acudieron a los puntos de votación que fueron habilitados por las entidades convocantes -partidos y organizaciones ciudadanas favorables a la independencia.

Mas calificó de "éxito total" la consulta. "Cataluña ha dejado muy claro una vez más que quiere gobernarse a sí misma. Es una aspiración antigua que es compatible con la constitución política de una Europa más fuerte y más unida", dijo en una primera intervención tras cerrarse los locales de votación.

El jefe del Ejecutivo catalán insistió en su objetivo de celebrar en el futuro un referéndum de autodeterminación oficial y con plenas garantías como el que tuvo lugar recientemente en Escocia con el consentimiento de Reino Unido.

"Ya somos adultos para hacerlo", dijo antes de lamentar lo que calificó de "miopía política" e "indiferencia" por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que tildó la consulta catalana de "acto de propaganda" y de "simulacro inútil y estéril".

"Hoy tenían una oportunidad de oro para entender el mensaje de la ciudadanía catalana", señaló en un discurso en catalán que repitió en español, inglés y francés.

El Gobierno español dejó claro que no da ninguna validez a las cifras proporcionadas por la Generalitat (gobierno autónomo catalán), dado que la consulta careció de "mecanismos de control" como un censo previo o una junta electoral que vele por la limpieza del proceso, según dijeron a Efe fuentes del Ejecutivo central.

En una declaración institucional, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el ejercicio fue un "simulacro inútil y estéril" que carece de cualquier validez democrática y que solo sirve para "exacerbar" la división entre los catalanes.

A juicio del Ejecutivo español, la votación fue una "jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática".

A los participantes en la votación -mayores de 16 años con residencia acreditada en Cataluña- se les planteaba una doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿Quiere que sea un Estado independiente?".

La votación tuvo lugar pese a que el Tribunal Constitucional español suspendió, primero, el plan de la Generalitat catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación y, poco después, también la fórmula de una consulta alternativa con las mismas preguntas.

Para esquivar la prohibición, la autoridades rebautizaron la consulta como "proceso participativo" y confiaron su ejecución a millares de voluntarios que hoy se distribuyeron por 1.317 puntos de votación en todo el territorio catalán.

Aunque las urnas no fueron finalmente retiradas, la justicia investiga si el gobierno catalán ha incurrido en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de dinero público.

La Constitución española de 1978 atribuye solo al Gobierno central la potestad de convocar referendos y no contempla la posibilidad de la secesión de una parte del territorio, ya que corresponde a todos los españoles decidir sobre el futuro del país.

Pese al rechazo de los jueces, del Gobierno central y de los principales partidos españoles, el presidente catalán, Artur Mas, mantuvo la cita del 9N (9 de noviembre) a la que se comprometió con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido en ascenso que presta apoyo en la Cámara catalana a su gobierno minoritario.

Mas mantuvo durante la jornada una actitud desafiante, lo que añade incertidumbre a la búsqueda de una salida negociada.

"Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno", afirmó Mas tras votar a favor de la independencia en una escuela de Barcelona.

Por su parte, el Gobierno español consideró "inútil" el "ejercicio antidemocrático" que se ha desarrollado en Cataluña y estimó que el comportamiento del presidente de la Generalitat "dificulta mucho el futuro", según dijeron fuentes oficiales a Efe.

El líder catalán anunció hace unos días que, una vez celebrado el 9N, enviaría una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (PP, conservador) para abordar mejoras en el autogobierno de Cataluña y le plantearía que se puede hacer un referéndum soberanista "definitivo" y "acordado" con el Estado al "estilo británico".

Rajoy ha mostrado en numerosas intervenciones públicas su disposición al diálogo con Artur Mas, pero siempre desde la premisa del respeto a la ley y la Constitución.

España es uno de los estados más descentralizados de la Unión Europea y en él goza Cataluña de una amplia autonomía, con gobierno, parlamento y policía propios.

La reciente crisis económica y la negativa de las autoridades centrales a otorgar un régimen fiscal especial a Cataluña están en la raíz del auge del independentismo en esta región, que produce aproximadamente el 20% del PIB español.

El desafío soberanista coincide con una serie de escándalos que han afectado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Mas que ha ejercido el gobierno en la comunidad autónoma durante más de 30 años.

Fuente: Ambito.com