El Gobierno frenó la privatización del GNL y Enarsa importará gas al menos un año más
El Gobierno dio marcha atrás con uno de los cambios más relevantes que había proyectado para el mercado energético en 2026: la importación de gas natural licuado (GNL) seguirá en manos del Estado, al menos durante un año más, a través de Enarsa.
La decisión, confirmada por fuentes oficiales y privadas, implica que la empresa pública continuará concentrando la operatoria durante el invierno, en lugar de transferirla al sector privado como estaba previsto en el esquema original.
Se trata de una definición estratégica en pleno inicio de la temporada fría, cuando el sistema energético argentino suele enfrentar su mayor presión: la producción local no alcanza para cubrir el pico de demanda residencial, industrial y eléctrica, y el país debe recurrir a cargamentos importados.
Un giro con impacto en tarifas e inflación
La marcha atrás tuvo un trasfondo central: evitar que el aumento del precio internacional del GNL se traslade directamente a tarifas, con impacto en el índice de inflación.
En el Gobierno admitieron que la volatilidad internacional alteró por completo el escenario previsto cuando se diseñó el proceso licitatorio.
La tensión geopolítica en Medio Oriente modificó el mercado: el precio del GNL, que a comienzos de año rondaba los USD10 por millón de BTU, escaló a una zona de USD17 a USD20, encareciendo el costo esperado para abastecer el invierno argentino.
Ese salto dejó al Ejecutivo ante un dilema: convalidar el traslado de precios al mercado doméstico o absorber parte del shock vía el Estado.
La privatización avanzó, pero las ofertas no cerraron
El plan original del Gobierno era que una empresa privada asumiera una tarea históricamente reservada al Estado: comprar el GNL en el exterior, coordinar barcos, operar la terminal regasificadora de Escobar y luego vender el gas a distribuidoras, industrias y generadoras eléctricas.
Además, el privado debía gestionar stocks, logística portuaria y asumir riesgo comercial.
La licitación se desarrolló durante semanas y terminó en una competencia ajustada entre dos actores principales:
En la primera ronda, Trafigura ofertó una prima de USD4,91 por millón de BTU Naturgy presentó USD4,95
La diferencia mínima abrió una instancia de mejora:
En la segunda ronda, Naturgy pasó al frente con USD4,50
Trafigura quedó en USD4,57
Sin embargo, ninguna de las propuestas terminó de convencer al Gobierno, que finalmente optó por mantener el esquema estatal.
El costo no desaparece: cambia quién lo absorbe
La decisión no elimina el problema de fondo: Argentina seguirá comprando GNL a precios internacionales. Lo que cambia es dónde se registra el impacto.
Si el Estado compra y decide no trasladar el costo completo al sistema, parte del aumento podría transformarse en subsidios energéticos o mayor carga fiscal, en lugar de reflejarse directamente en tarifas.
En ese sentido, el retroceso del Gobierno implica que el shock externo se administrará desde el sector público, al menos en el corto plazo.
Argentina todavía depende del GNL en invierno
Aunque la producción de Vaca Muerta redujo de manera significativa la necesidad de importaciones, el país sigue dependiendo de barcos de GNL durante el invierno.
La razón es estructural:
la demanda residencial se dispara con el frío,
la infraestructura de transporte no logra cubrir los picos,
y el sistema eléctrico necesita respaldo térmico.
En el sector estiman que este año podrían necesitarse entre 20 y 25 cargamentos, dependiendo de la temperatura y de la disponibilidad de gas local.
Una medida para contener la macroeconomía
La continuidad de Enarsa como importadora también aparece como una herramienta para administrar la política económica en un momento sensible.
Los precios regulados vienen teniendo peso en la inflación: en marzo, el IPC subió 3,4%, con aumentos impulsados por combustibles, transporte y servicios públicos. Un nuevo salto en tarifas por la importación de GNL podía complicar el objetivo oficial de desacelerar el índice.
En paralelo, el Gobierno enfrenta un escenario económico frágil: en febrero, la actividad cayó 2,6% mensual, el peor dato desde diciembre de 2023, con retrocesos marcados en industria y comercio
En ese contexto, un ajuste fuerte en tarifas energéticas en pleno invierno podía sumar tensión social y económica.
Un país con déficit estructural de acceso al gas El debate sobre el costo del gas también se da en un país con una brecha estructural en infraestructura.
Según datos del INDEC, el acceso al gas por red alcanza al 60,5% de la población, lo que implica que casi 4 de cada 10 argentinos no cuentan con ese servicio.
El mismo informe indica que más de 25 millones de personas no acceden plenamente a servicios básicos de red, como agua corriente, cloacas o gas.
Este dato vuelve más sensible cualquier discusión sobre tarifas: el sistema energético opera en un contexto desigual, donde una parte importante de la población no está conectada a redes esenciales.
La privatización sigue en agenda, pero se posterga Aunque el Gobierno frenó la transferencia al sector privado, desde el Ejecutivo aclararon que la estrategia de fondo no se abandona: el objetivo sigue siendo avanzar hacia un esquema competitivo y transparente.
Por ahora, sin embargo, la prioridad quedó definida por el contexto internacional y la necesidad de evitar un salto tarifario que acelere la inflación.
Así, Enarsa seguirá importando GNL durante el invierno 2026, en una decisión que refleja el límite práctico de la desregulación energética cuando los precios globales se disparan y el impacto interno amenaza con trasladarse a la macroeconomía.
Fuente: Diario BAE
