Crearán un "veraz" para empresas que tengan a trabajadores en negro

En la ofensiva contra el trabajo no registrado en las próximas jornadas se conocerán medidas concretas, entre ellas definir una plataforma de control para las empresas similar al “veraz”. Esto sumado a la implementación de un cuerpo de inspectores con jurisdicción federal en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que incrementarían la actual dotación de 400 agentes que posee el Ministerio de Trabajo de la Nación (MT) serían el eje de una convocatoria a la comisión de empleo del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se concretaría la semana próxima.

La creación del "veraz laboral" a consideración de algunos expertos sería de rápida implementación teniendo en cuenta los registros del CUIL y el cruce con la información que Trabajo posee de sus delegaciones en todo el país.

El eje central de esta tónica gira en torno a la decisión de la presidenta Cristina Fernández para reducir el nivel de trabajadores no registrados. La mandataria subrayó la decisión para disminuir el 32% de trabajo ilegal actual hasta lograr “un régimen de plena ocupación”.

Dentro del universo laboral el sector rural presenta el foco de mayor atención para regularizar. En efecto, durante los últimos años los operativos de la AFIP en el empleo rural ofrecieron estadísticas que el Ejecutivo analizó y analiza en profundidad.

Esos estudios también reforzaron la convicción de que un cuerpo de agentes “federales” propiciarían controles cada vez más precisos en todas las provincias y la CABA, respaldados incluso por el “veraz” laboral.

Los empresarios vienen analizando el tema; los dirigentes de la CGT de Antonio Caló y la CTA que conduce Hugo Yasky también están al tanto de las estrategias. Además el abogado laboralista y diputado del FpV Héctor Recalde que ayer se reunió con la CTA (ver página 6) confía en que dentro de las medidas contra el trabajo ilegal que analizará la comisión tripartita (Gobierno, sindicatos y empresarios) dentro del CSMVM también se incluya el proyecto para la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, como mínimo.

Esa iniciativa que cuenta con dictámen de comisión en Diputados y sólo es objetada por el PRO y el Frente Renovador se basa en una disposición de la Organización Internacional del Trabajo de 1988. Allí ese organismo internacional dedujo que a partir de la reducción horaria se aumenta el presentismo, hay menores chances de accidentes laborales y al mismo tiempo se incrementa la productividad.

Los sindicalistas que se reunieron con Recalde confían en que esos tópicos "beneficiosos" puedan seducir a los empresarios para que apoyen el paquete de medidas contra el trabajo ilegal. Esa lectura también es compartida por el Ejecutivo, donde consideran determinante la postura empresaria para dinamizar la ofensiva contra el empleo no registrado y confían en lograr el respaldo incluso de los hombres de negocio “no afines” al modelo.

Fuente: Diario BAE