Economía pagará $175.700 millones a la Ciudad para cumplir la cautelar por coparticipación
El Ministerio de Economía dispuso la transferencia de $175.700 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el primer trimestre del año, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en el expediente CSJN 1864/2022, vinculado al histórico conflicto por la coparticipación federal.
La decisión fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/26, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes autorizaron una reasignación de partidas dentro del Presupuesto 2026 para atender la obligación judicial.
Cómo se financió el pago a la Ciudad Para cumplir con la transferencia, el Gobierno nacional apartó $175.700 millones de la cuenta "Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional", a partir de una reducción de $190.889 millones en la partida destinada a la Coordinación Fiscal con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía.
Según consta en los considerandos de la norma, esta modificación presupuestaria fue necesaria para garantizar la ejecución de los fondos durante el primer trimestre del año, tal como exige la cautelar de la Corte Suprema.
Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el monto autorizado equivale a la suma de los pagos mensuales correspondientes a enero, febrero y marzo, en el marco del acuerdo cautelar firmado el 18 de septiembre de 2024 entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para destrabar el conflicto judicial.
El esquema acordado ante la Corte De acuerdo con el entendimiento alcanzado el año pasado, la Ciudad debe recibir el 2,95% de la masa coparticipable, bajo un esquema de pagos mixto:
1,40% se transfiere mediante goteo diario
1,55% se paga de manera semanal
Si bien el acuerdo no definió el monto total de la deuda acumulada, estimaciones oficiales y privadas la ubican en torno a los USD 5.400 millones. El desembolso aprobado ahora no salda el conflicto de fondo, sino que cubre exclusivamente el tramo correspondiente al primer trimestre de 2026.
Un conflicto heredado y judicializado El esquema de pagos actual es la consecuencia de años de disputas políticas y judiciales, iniciadas tras el recorte de fondos dispuesto durante la presidencia de Alberto Fernández, que redujo la participación de la Ciudad en la coparticipación federal.
Frente a esa decisión, la gestión porteña avanzó con reclamos ante la Justicia, lo que derivó en la intervención directa de la Corte Suprema y, finalmente, en el acuerdo cautelar que hoy se ejecuta.
Impacto fiscal y reasignaciones adicionales El Gobierno decidió incorporar estos pagos al Presupuesto 2026 con el objetivo de cumplir el fallo judicial sin comprometer la meta de superávit fiscal financiero, uno de los ejes centrales del programa económico.
La instrumentación se realiza a través de decisiones administrativas trimestrales, que permiten ajustar partidas sin alterar el equilibrio general de las cuentas públicas.
En ese marco, la modificación presupuestaria dejó una diferencia de $14.343 millones, que fue destinada a incrementar la partida del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, organismo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo. Los fondos provienen de un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El contexto presupuestario y el superávit El pago a la Ciudad se produce en un contexto de ejecución fiscal favorable. La Ley 27.798, que aprobó el Presupuesto 2026, prevé gastos por $148,1 billones y recursos por $148,3 billones, con un resultado superavitario de $0,23 billones.
Según datos oficiales al 2 de febrero, la Administración Central había:
Devengado $10,37 billones en gastos (7% del total anual)
Pagado $9,25 billones
Recaudado $14,56 billones, cerca del 10% del total previsto
Esto arrojó un superávit financiero devengado de $4,19 billones, que se elevó a $5,31 billones en base caja.
Ejecución del gasto y deuda pública Transcurrido el equivalente al 8,5% del año, solo una partida superó el nivel de ejecución proporcional esperado: el Servicio de la Deuda Pública, que alcanzó un 11,2%, explicado por la concentración de vencimientos de intereses en enero.
El resto de los gastos se mantiene dentro de los parámetros previstos, lo que refuerza el objetivo oficial de sostener el equilibrio fiscal en los primeros meses del año.
Fuente: Diario BAE
