El Banco Central busca regular el transporte de caudales
El Banco Central se encuentra ultimando los detalles de la norma que regulará la actividad de las empresas transportadoras de caudales, una atribución adquirida a partir de la reforma a la Carta Orgánica de la entidad aprobada en marzo del año pasado pero que todavía no quedó reglamentada a partir de una norma, según confirmó a este diario una fuente del organismo.
En forma posterior, la regulación también alcanzará a otros sujetos que participan de la actividad financiera, tales como los nuevos sistemas de pago, cámaras liquidadoras y compensadoras y remesadoras de fondos.
Aquellos bancos que no cuentan con una flota propia para el traslado de los caudales, tal es el caso del Banco Nación, tienen que recurrir en su mayor parte al puñado de empresas que se reparten el mercado local, entre ellas Prosegur, Brinks, Vigencia y MACO. Según pudo saber este diario, la supervisión apuntará por un lado a poner límites a las comisiones que las empresas de transporte cobran a los bancos, un viejo reclamo de las entidades financieras que a la hora de justificar los precios que cobran por sus productos y servicios colocan como excusa el encarecimiento que produce el transporte sobre el resto de las operatorias.
Los bancos son usuarios intensivos del transporte de caudales, en tanto no pueden computar la totalidad de los billetes que disponen como parte de la integración de efectivo mínimo que les exige el Banco Central, pero al mismo tiempo deben mantener abastecidos los cajeros automáticos de tal forma de evitar faltantes que perjudiquen la liquidez. Así las cosas, no fueron pocas las veces que partió desde el sector financiero la idea de habilitar un billete de mayor valor de tal forma de reducir los volúmenes de efectivo trasladados y abaratar costos.
De hecho, el diputado y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, buscó tratar en 2011 en la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja una iniciativa tendiente a establecer la emisión de billetes de 200 y 500 pesos, que finalmente no prosperó. El proyecto chocaba con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo multilateral que audita la prevención contra el lavado a nivel mundial, y que aconseja la reducción de las transacciones en efectivo y la no emisión de billetes de gran denominación.
"En principio parece adecuado regular los precios que cobran, aunque desconozco el proyecto", señaló a Tiempo Argentino Fernán Peralta Ramos, presidente de la Cámara Argentina de Casas de Cambio, también usuarios –aunque en muchísima menor escala– de los servicios de transporte de caudales.
El proyecto en estudio regula la forma en que se computa el efectivo que trasladan, aunque todavía no está claro si el alcance de la nueva norma incluye solamente a actores relacionados con el sistema financiero o también otras compañías que trasladan valores, como por ejemplo los hipermercados. Desde la Cámara de Empresas Argentinas Transportadoras de Caudales, entidad que aglutina a las firmas del sector, evitaron pronunciarse al respecto.
Ahora bien, más allá del costado comercial, la regulación también apunta a reforzar el cumplimiento de las normas antilavado, en un sector que hasta el momento carece de un régimen específico de control, excepto en lo concerniente a la portación de armas por parte de los encargados del traslado. La actividad fue incluida en 2011 entre los nuevos "sujetos obligados" por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), esto es, aquellos sectores sensibles que deben cumplir con una serie de requisitos de prevención de lavado de dinero, al igual que lo que sucede, por ejemplo, con las escribanías o aquellos que compran y venden obras de arte.
Además del traslado de valores, los servicios que prestan incluyen desde el pago de sueldos, la atención de cajeros automáticos, recuento de valores (depuración de efectivo, cheques y tickets y su posterior depósito, tesorería, transporte de mercaderías sensibles o de alto valor) hasta el transporte aéreo de valores a nivel nacional e internacional. Las transportadoras de caudales cobran a los bancos una comisión del 0,01% sobre el monto de los valores dejados en custodia, entregando a cambio una garantía sobre esos depósitos. Además de estar en pocas manos, el mercado está territorialmente dividido y carterizado, es decir, algunas empresas de caudales hacen la recolección de los valores por el interior de la provincia de Buenos Aires hasta la casa central de una empresa de transportes de la competencia, quien finalmente se encarga de la custodia.
"Algunas transportadoras de caudales están prestando un servicio que bautizaron como ‘custodia de valores’, que es como una gigantesca caja de seguridad. Esos servicios no están regulados y son montañas de dinero de empresas y particulares que están bajo control de estas empresas", explicó una alta fuente oficial. “Eso permite mover, si no se aplican controles, enormes cantidades de efectivo que se buscan para transacciones en mercados no formales. Lo que no se puede pagar a través del sistema bancario lo arrancan por esa vía", agregó.
Los antecedentes del sector distan de ser los mejores. En 2009, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó un fraude multimillonario que tenía su origen en el transporte de caudales. El cruce de datos por parte del fisco detectó la existencia de 1500 contribuyentes que no tenían siquiera Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), pero que movían cerca de 60 millones de pesos al mes, lo que dio lugar a una serie de denuncias penales por parte de la autoridad tributaria.
Fuente: Tiempo Argentino
