El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba definió programa de reformas económicas

El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que tuvo lugar la semana pasada, definió un ambicioso curso de reformas económicas que, sin embargo, no han tenido su correlato en una hoja de ruta que muestre su viabilidad.

Este congreso partidario, que ha formalizado el retiro de la vida político-institucional de Fidel Castro, había sido largamente esperado debido a las fuertes presiones sociales y económicas que, por arriba y por abajo, han recrudecido en los últimos años.

La baja productividad, la escasez de productos de todo tipo, incluidos los más elementales como jabón, bolígrafos o alimentos, sumadas a la desaparición de la mayoría de ingenios azucareros, ha colocado a Cuba en una extremada dependencia de los ingresos por turismo y de las remesas de cubanos en el extranjero.

Las tibias medidas de apertura económica y política ensayadas en los dos últimos años por el presidente Raúl Castro, como el reparto de tierras fiscales entre campesinos, o la venta de teléfonos celulares y de servicios de internet, no han satisfecho las expectativas de los 11 millones de cubanos.

En este sentido, las resoluciones de este VI congreso partidario, el primero que han celebrado los comunistas desde 1997, se han caracterizado por definiciones de reformas económicas de gran calado que plantean un desafío político enorme para el sistema político.

Lo que sintetiza el conjunto de medidas aprobadas es su carácter pro-mercado o, dicho de otra manera, de liberalización del rígido sistema de propiedad estatal instaurado a partir de 1961 y sólo esporádicamente aliviado a lo largo de cinco décadas.

El Congreso ha enfatizado que "en la actualización del modelo económico primará la planificación, para lo cual tendrá en cuenta las tendencias del mercado", un eufemismo para reconocer sin explicitar que se propician habilitar mecanismos capitalistas para intentar superar el atraso económico de la isla.

Esos mecanismos de mercado implican atraer "la inversión extranjera, propiciar las cooperativas, la pequeña agricultura, los arrendatarios, usufructuarios y los trabajadores por cuenta propia", según las resoluciones oficiales.

Asimismo, se ha decidido autorizar la contratación de mano de obra (trabajo asalariado) por parte de los nuevos pequeños emprendedores a los cuales el Estado ayudará con préstamos y créditos.

En un esquema, sin plazos claros, en el que se espera la creación de empleo por parte de un incipiente y pequeño sector privado, el PCC ha ratificado el objetivo anunciado en enero de reducir en un millón de personas el plantel de empleados del Estado.

Sin embargo, el propio congreso no fijó postura sobre el futuro de medio millón de trabajadores estatales, ante la clara ausencia de alternativas de empleo para esas personas. En el mismo sentido liberalizador se orienta la decisión de eliminar la libreta de racionamiento que, en algún momento, se restringirá solamente a los más necesitados.

También se buscará reformar el sistema monetario basado en dos unidades: el peso cubano y el CUC (peso convertible que vale un dólar). Actualmente, el CUC está disponible para turistas pero también para los cubanos que tienen acceso por su contacto con turistas o por recibir divisas de parientes que viven en otros países.

Esta última medida es muy compleja ya que un CUC equivale a 24 pesos cubanos y un sueldo básico en la isla es de unos 240 pesos. En tanto exista la libreta de racionamiento para acceder a los alimentos a precios subsidiados y denominados en pesos cubanos, las tensiones sociales son menores.

Pero si la opción fuese adoptar el CUC como moneda nacional, la economía podría no resistir el impacto, por lo que los economistas deberán estudiar un camino intermedio para crear una moneda cuyo valor dependerá de si es convertible o no.

Cuba ha emprendido un camino que, según los líderes, busca preservar el "socialismo y evitar el regreso del capitalismo" a la isla. Pero resulta evidente que las medidas aprobadas recrearán el mercado y con ello tendencias capitalistas que han sido siempre anatemas para el gobierno cubano.

A diferencia del experimento chino que ha conducido al gigante asiático a convertirse en un gran exportador de bienes basado en un sistema de asociación entre el Estado y el capital extranjero, Cuba declara aspira a aliviar materialmente a una población que sufre una escasez de bienes y una penuria material que el propio gobierno reconoce.

El gran interrogante es si el conjunto de medidas anunciadas, aunque sin plazos ni métodos definidos, conseguirá ese objetivo declarado o si, por el contrario, no arriesga crear desempleo y alzas de precios que empeoren la difícil situación actual.

(Telam)