El gobierno busca a una revisión integral del mercado de capitales

Un proyecto oficial, que remplazaría la ley de Oferta Pública de Onganía en 1968, busca limitar la autorregulación de las operaciones bursátiles, fomentar el acceso a los minoristas y facilitar el flujo de información entre los entes reguladores.

En este caso no se trata de eliminar los vestigios de la etapa neoliberal más reciente, como fue el caso de la reforma a la carta orgánica del Central sino que hay que ir más lejos en el tiempo: el objeto de análisis es la ley de Oferta Pública sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1968. Más allá de los cambios parciales efectuados a lo largo de las últimas tres décadas, en el Ministerio de Economía aseguran que es la primera vez que se realiza una "revisión integral" de la extensa norma. La flexibilización del secreto bancario, la diversificación de los actores que realizan calificación de riesgo y mayores capacidades a la Comisión Nacional de Valores (CNV) forman parte del espíritu de los cambios. A continuación, los detalles del borrador que ya salió del Ministerio de Economía y que actualmente se encuentra bajo revisión de otros ámbitos del Ejecutivo.

SECRETO BANCARIO. Los cambios introducidos en el borrador buscan hacer frente a cierto "desequilibrio" que enfrentan los organismos reguladores a la hora de controlar el accionar de grandes conglomerados económicos que prestan distintos tipos de servicio, particularmente en lo referente al manejo de la información de las actividades que desarrollan los actores económicos. "Hoy en día en el mercado argentino operan bancos que tienen su propia compañía de seguros, sus agentes colocadores de Bolsa, etcétera. Y cada regulador está mirando sólo una parte distinta de lo que la empresa hace, la cual seguramente tiene una política general a la que responden todos esos instrumentos. Un elemento fundamental que tiene el proyecto es flexibilizar entre los reguladores las normas sobre secreto bancario y bursátil, que puedan compartir información para que cada uno pueda saber lo que está haciendo el otro”, confirmó una fuente de Economía. De este modo, la flexibilización del secreto bancario y bursátil implica, en la práctica, que organismos de control tales como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Superintendencia de Seguros y el Banco Central accedan a información sobre tenencia y comercialización de activos financieros, para combatir delitos tales como la manipulación del mercado, la utilización de información privilegiada (insider trading), además de contribuir a la prevención de lavado y financiación del terrorismo.

CALIFICADORAS DE RIESGO. El proyecto incorpora un capítulo dedicado a transparentar el accionar de los agentes encargados de evaluar el riesgo de los instrumentos financieros, hoy regulados por un conjunto de decretos o resoluciones "sueltas" sancionados durante los últimos años. El fundamento de los cambios se origina en la creciente desconfianza que pesa sobre las calificadoras, no sólo por su responsabilidad en la hecatombe financiera de 2008 en Estados Unidos, sino por su evaluación específica en los mercados emergentes como Argentina, donde las notas responden más a una evaluación subjetiva sobre la base de argumentos ortodoxos que a una aproximación a los datos objetivos de la economía. "Muchas veces hacen análisis de tipo político, no estrictamente objetivo, de riesgo. Ellas suponen que determinadas políticas son malas para el mercado y a partir de ahí hacen su juicio de valor y deciden. La idea es limitar eso, que fundamenten y expliquen su mecanismo de toma de decisiones y, también unificar las metodologías con las cuales trabajan”, explicó una fuente que participó de la redacción del borrador. El 26 de agosto del 2011 Moody’s, una de las tres firmas que integran el oligopsonio mundial de las calificadoras con Fitch y Standard & Poor’s, rebajó la nota del sistema bancario argentino al cual consideró "vulnerable", lo que generó una virulenta reacción, no sólo del gobierno sino del propio establishment local. "Después ves los datos objetivos del sistema bancario y está más saludable de lo que estuvo en muchísimo tiempo", explicaron en Economía. Pero además de transparentar la metodología, el proyecto también busca abrir el juego a nuevos actores interesados en hacer calificaciones de riesgo, tales como universidades, entre otras entidades públicas o privadas a las cuales se incentivará a entrar en un negocio que hoy se encuentra en pocas manos.

AUTORREGULACIÓN. Se pone fin al concepto de autorregulación vigente en las operaciones bursátiles que se desarrollan en la Bolsa de Comercio otorgándole a la CNV la facultad de imponer sanciones a agentes y operadores en caso de corroborarse irregularidades, tal como lo aconsejan los estándares internacionales en la materia.

FINANCIAMIENTO. El mercado de capitales local es relativamente chico, tanto por el número de jugadores que operan en la Bolsa como por los volúmenes negociados a diario. En función de ello, el proyecto busca también ampliar el mercado de capitales como un mecanismo de ahorro para el minorista. La idea es tener una ley que potencie toda la promoción que se puede hacer para que el mercado canalice recursos al financiamiento de la actividad productiva. "La gente no tiene incorporado la posibilidad de ahorrar vía compra de acciones, títulos, hay que revertir esto", argumentan desde la cartera económica.

Más recursos para comisión de valores

En términos institucionales, el proyecto en cuestión hace eje en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Valores que hoy conduce Alejandro Vanoli, tanto en lo que respecta al incremento de facultades como a los recursos profesionales con los que cuenta a la hora de velar por la transparencia en la oferta pública de valores. No por casualidad, el diseño surgió de la propia CNV en base a los principios internacionales que rigen la Organización Internacional de Comisiones de Valores, si bien durante el último semestre fue minuciosamente revisado por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

“El objetivo es tener una CNV más robusta. En general, las empresas que cotizan en Bolsa cuentan con muy buenos recursos humanos y hay que estar a la altura de las circunstancias para poder regularlos. La ley brinda una estructura organizativa del organismo que le da mucha más fuerza”, confió una fuente que conoce los pormenores del asunto.

Fuente: Tiempo Argentino