El gobierno ratificó que entregará más fondos para apoyar a las obras sociales

La presidenta Cristina Fernández tiene en sus manos un proyecto elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Liliana Korenfeld que establece por un lado mayores desembolsos en los subsidios que reciben las obras sociales, pero también una reformulación de los criterios a partir de los cuales se determinan los diferentes montos que recibe cada una de las organizaciones. El anuncio por parte de la mandataria podría tener lugar mañana, acompañada por funcionarios y parte de la dirigencia sindical.

Tal como adelantó este diario, las modificaciones introducidas por la Superintendencia tienen que ver con el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), un programa creado en septiembre del año pasado y que distribuye mensualmente y en forma automática algo más de $ 200 millones por mes entre las diferentes obras sociales. Se financia a partir del 5% de lo recaudado por contribuciones de empresarios y sindicatos, dentro del cual el 20% va a parar a todas las obras sociales que cuentan con más de 5000 afiliados, mientras que el restante 80% se reparte proporcionalmente a la cantidad de afiliados. Esto último responde al objetivo original de "compensar" a las instituciones con menor nivel de ingreso por afiliado, fortaleciendo así a aquellas con menos de 50 mil cotizantes.

Además del componente cuantitativo, que seguirá vigente, las modificaciones incorporan otras condiciones a tener en cuenta, entre ellas la edad de los afiliados, beneficiando con mayores desembolsos a aquellas obras sociales que atienden a adultos de más de 70 años de edad. También se tendrá en cuenta a aquellas entidades que atienden un mayor número de monotributistas sociales y agropecuarios, y el personal que desarrolla tareas en casas particulares, es decir, aquellos que realizan el menor nivel de aportes en comparación con otros asalariados.

"Son medidas que en realidad alivian a las obras sociales en cuanto a los trabajadores especiales, es un aporte adicional para que el ingreso sea más equitativo para estos en relación al resto", explicó a Tiempo Argentino Korenfeld.

El monotributo social es una categoría tributaria que, de acuerdo a la AFIP, reconoce la realización de actividades productivas, comerciales y de servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad social.

El monotributo –o Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes– consta de tres componentes, el previsional, el impositivo y el de la obra social. Con respecto a este último, de los $ 100 que el monotributista aporta a la obra social, $ 90 llegan a ella y los $ 10 restantes van a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia, entre otras cuestiones, los tratamientos de alta complejidad médica y baja incidencia. Mientras que en el régimen general el aporte del titular cubre al conjunto de la familia, en el caso del monotributista se le exige un pago adicional de 60 pesos.

Más allá de los cambios cualitativos al interior del SUMA, también habrá un mayor desembolso de fondos destinados al programa. Desde el sector sindical dejaron trascender que el aumento en las partidas podría llegar hasta el 40% de lo destinado anualmente, cifra que de ese modo podría alcanzar los $ 800 millones al año. No obstante, fuentes oficiales que siguen de cerca la cuestión anticiparon que la cifra final sería bastante menor a la originalmente pretendida por la CGT. De hecho, la central obrera mantuvo un extenso encuentro de consejo directivo la semana pasada en el cual el reclamo por el mayor financiamiento a las prestaciones de las obras sociales ocupó un lugar destacado. De acuerdo a datos oficiales y sin contar al PAMI, las obras sociales atienden actualmente a unos 14 millones de personas en todo el país.

En términos políticos y de cara a las elecciones de octubre, se trata del segundo anuncio importante que recibirán los sindicalistas, luego de los cambios introducidos en el Impuesto a las Ganancias por el cual se elevó hasta $ 15 mil el umbral para que los asalariados sean alcanzados por el tributo.

Ultiman medidas para atacar el empleo informal

Mientras aguardan el inminente anuncio respecto de los mayores subsidios al financiamiento de las obras sociales, la CGT que conduce Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky mantienen la expectativa centrada en el encuentro que mantendrán con las principales cámaras de empresarios y funcionarios el próximo jueves, en el marco del diálogo social que impulsa el Ejecutivo, donde se discutirán distintas iniciativas para combatir el trabajo no registrado.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que durante el cónclave, que tendrá lugar desde el mediodía en la sede de la cartera laboral en la Avenida Alem, podría haber anuncios concretos de medidas para reforzar la inspección laboral y el poder de fiscalización en manos del Estado nacional, mientras que otras iniciativas se pondrán a discusión de las partes.

Algunas de las propuestas elaboradas por el Ministerio de Trabajo generan coincidencias entre empresarios y sindicatos, tales como el sistema de incentivos fiscales a los pequeños y microempresarios, mientras que otras provocan resistencias entre los hombres de negocios. Entre estas últimas figura la creación de un "Registro de Empleadores", como forma de aumentar la potencia disuasoria sobre quienes recaen en irregularidades en el vínculo laboral. Actualmente, el trabajo no registrado afecta a casi un tercio de los asalariados, que no reciben aportes jubilatorios ni cobertura en salud. Se trata de un nivel alto, que sin embargo muestra un descenso significativo desde el 49% en que se ubicaba en 2003.

Fuente: Tiempo Argentino